Tal vez lo que los interventores especialmente traídos de Buenos Aires, comiencen a detectar es el presunto esquema de corrupción que podría haber estado en funcionamento, durante la presidencia de Cañete, y la anterior de Silvio Moreyra, siendo la obra social una de las "cajas" mas rentables, junto a ENERSA, el Casfeg (Comisión Administradora Para El Fondo Especial de Salto Grande), y la Caja de Jubilaciones de la provincia de Entre Ríos. Cabe recordar que Enersa esta involucrada en la mediática causa judicial que se encuentra en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Días atrás se efectivizó una denuncia donde se señalaba que empresas agropecuarias serían utilizadas como fachadas para desvíos multimillonarios de la obra social en cuestión.

La denuncia identifica a Grupo Martínez SA, con sede en Santa Elena, como una de las principales empresas presuntamente vinculadas al esquema. A pesar de declararse líder en servicios agroindustriales, su aparente titular, Mariano Martínez, no posee el respaldo económico ni profesional para justificar el rápido crecimiento y las operaciones multimillonarias de la firma.

Según la denuncia, Martínez actuaría como testaferro de Silvio Moreyra, quien habría utilizado la empresa para ocultar fondos desviados del IOSPER.

Otros actores clave son las empresas DON GINO SRL y SELSIM SRL, que estarían relacionadas con Fernando Cañete. Estas sociedades habrían sido utilizadas para simular operaciones comerciales y realizar transferencias de activos de forma ilícita. Ambas comparten estructuras y socios que refuerzan la hipótesis de un esquema organizado de lavado de activos.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es el incremento patrimonial de Fernando Cañete y de Silvio Moreyra, quienes habrían acumulado bienes de lujo y cuentas en el exterior que superan ampliamente sus ingresos como funcionarios públicos. Entre los bienes señalados se puede mencionar:

• Mansiones, como una finca de lujo en Oro Verde.
• Vehículos de alta gama y caballos de carrera.
• Emprendimientos inmobiliarios en Gualeguay, que habrían sido adquiridos mediante maniobras sospechosas.
• Cuentas bancarias y activos en Brasil, Uruguay y Paraguay.

Se destaca además el rol de Moreyra en la construcción del Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (CEMENER), que habría sido utilizado como fachada para justificar el desvío de recursos públicos hacia cuentas personales.

La denuncia señala también la presunta complicidad de sindicatos como la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER) y la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), que habrían facilitado acuerdos oscuros para canalizar fondos públicos hacia intereses privados.

Estas maniobras no solo habrían beneficiado a Moreyra y Cañete, sino que también habrían consolidaron un sistema de poder que habría perjudicado directamente a los afiliados del IOSPER y a las arcas públicas provinciales.

En la denuncia se solicita a la Justicia que se realicen auditorías patrimoniales y contables sobre las empresas mencionadas. Que se impongan embargos preventivos sobre los bienes y cuentas de los involucrados.

También que se investiguen los activos en el exterior mediante cooperación internacional, y citar a los responsables de las empresas bajo sospecha, incluyendo a Mariano Martínez y Antonio Julián Rubio.

Lo cierto es que pocos días despues, los interventores puestos en funciones por el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, muy cuestionado por la decisión de desplazar a Fernando Cañete de la presidencia de la obra social y de intervenirla, estaría dando sus frutos.

“La situación es mucho peor de lo que esperábamos”, destacó el interventor del Iosper, Mariano Gallego y la subinterventora Marina Alegre.

Y agregó que “A una semana podemos confirmar que era la punta de un iceberg”, señaló y que las primeras auditorías dan cuenta de 43 mil millones de pesos de deuda, lo que equivale a tres ingresos mensuales de la obra social. Precisó además que la obra social “compra y contrata mal y caro”.

A modo de ejemplo, destacaron algunas de las cosas que «muestran la desidia en la administración” y además aseguraron que los documentos serán remitidos al Tribunal de Cuentas para que se evalúe la procedencia del dinero.

Lo más destacado hasta ahora encontrado por los interventores:

• Detectaron una doble liquidación de sueldos del mes de noviembre, con un funcionario a cargo de la obra social que cobró un salario de 15.000.602 pesos.
• Se detectaron cuatro facturas que rondan entre 50 mil y 80 mil pesos de servicio de cable video en lugares donde no había televisión.
• El gerente general utilizaba uno de los autos oficiales para irse a Corrientes todos los jueves hasta el lunes, gastando más de dos millones en traslado y más de un millón y medio en hotel.
• Gatos de funcionarios: 128 millones mensuales.
• Lavado de autos: 20 mil pesos cada lavado para los doce autos oficiales.

“Tenemos documentación de que el lavado sale 15 mil y si hiciéramos algún convenio en la Cárcel bajaría a cinco mil”, señaló Alegre y acotó: “Es una brecha que habla de la desidia y la mala administración y de fondos que pertenecen a los afiliados”.

“Si ni siquiera se fijan en cuánto gastan en un lavado de autos, imagínense en lo que implica en un gasto grande para la obra social”, destacó el interventor.

Los puntos se unen, por un lado una denuncia presentada ante la Justicia que da cuenta del presunto crecimiento desmedido del patrimonio del desplazado Fernando Cañete y del anterior presidente del Iosper, Silvio Moreyra y las inconsistencias que hasta el momento han encontrado los interventores, quienes dejaron en claro que lo detectado sería "la punta de un iceberg".

Hoy Entre Rios, ha superado tristemente varios records, un ex gobernador detenido en una Unidad Penal, junto a un familiar y a un funcionario de alto rango, un senador detenido y expulsado de la Cámara Alta.

¿Seguirán los entrerrianos y entrerrianas observando cual espectadores de una película de terror, más detenciones de funcionarios de gestiones anteriores? ¿Se avanzará sobre las denuncias sobre Edgardo Kueider en Diamante o sobre las recientes contra Cañete?

Tal vez finalmente el estado no seguirá siendo utilizado para mejorar la calidad de vida de quienes acceden a él. Lo cierto es que hasta el momento y como dice el dicho "donde se toca sale pus".