La defensa de Kueider alega que la continuidad de la investigación en la justicia provincial genera un “gravamen irreparable»}”, ya que el ex senador está siendo investigado simultáneamente en dos jurisdicciones distintas y se han ordenado medidas probatorias en ambas. También señalan que su cliente se encuentra actualmente detenido en un país limítrofe, lo que obstaculiza su participación en los procesos judiciales en curso.

En el recurso se formula además una “reserva de caso federal”, adelantando que, en caso de obtener una resolución desfavorable, recurrirán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por presuntas vulneraciones a derechos y garantías constitucionales. A partir de este planteo, el Tribunal Superior de Apelaciones deberá resolver el planteo de los abogados defensores de Kueider.

La resolución apelada, dictada el 10 de marzo de 2025, confirmó la competencia provincial en la causa contra Kueider y rechazó la pretensión de Arroyo Salgado de trasladar la investigación al fuero federal de San Isidro. En su dictamen, el juez Bastián fundamenta que “no existen razones materiales ni jurídicas” para que la justicia federal intervenga en los hechos investigados, sucedidos cuando Kueider se desempeñaba como funcionario público en Entre Ríos.

El magistrado avaló los argumentos del fiscal José Emiliano Arias, quien subrayó que la investigación comenzada en la fiscalía de Concordia el 19 de junio de 2024, precedió a la denuncia presentada en el juzgado de Arroyo Salgado el 2 de julio del mismo año.

Además, Arias especificó que la acusación por enriquecimiento ilícito contra Kueider está vinculada a su desempeño como concejal de Concordia (1999-2003), secretario de Gestión Participativa para el Desarrollo Local (2008-2015) y secretario general de la Gobernación de Entre Ríos (2015-2019), lo que justificaría de este modo la intervención de la justicia entrerriana.