La ex titular de PAMI fue procesada por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de defraudación a la administración pública.

La causa se sustanció por una denuncia efectuada en febrero de este año, en tanto que la entonces jefa local del PAMI, María Anastasia Aramburu, habría pedido por los días 26 y 27 de octubre de 2023 un permiso especial a su superior del PAMI para ir a trabajar en el “Centro de Día de Cara al Sol” y “Pami Sale al Barrio”, cuando en realidad, había realizado un viaje personal de esparcimiento a la República Oriental del Uruguay.

El caso es investigado por el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, quien indagó a Aramburu el día 16 de diciembre de 2024. Luego de la indagatoria la procesó por haber cometido, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de defraudación a la administración pública.

Se debe a que engañó con un pedido formal para trabajar en unas áreas determinadas del PAMI, cuando la realidad es que viajó al exterior y, además, cobró por dichos días como si hubiera trabajado, según indicaron fuentes judiciales.

También se efectivizó un sumario administrativo en el PAMI, donde finalmente se dispuso su despido de la entidad estatal.

El planteo de la defensa

Los letrados defensores de Aramburu, Esteban Manuel Pereyra y Rodrigo Cano Malacalza, basó su recurso de casación en la equiparación de la resolución a una sentencia definitiva, la falta de tratamiento adecuado de sus agravios, la aplicación indebida de la ley penal frente a una supuesta falta administrativa, la deficiente valoración probatoria en relación con el delito de defraudación y el incumplimiento de deberes, y la reserva del caso federal.

El tribunal, compuesto por Aranguren y Busaniche, consideró que la resolución impugnada (la que confirmaba el procesamiento de Aramburu por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con defraudación a la administración pública) no era una sentencia definitiva ni equiparable a ella en los términos del art. 457 del CPPN.

El tribunal agregó que las resoluciones recurribles en casación son aquellas que ponen fin al proceso o impiden su continuación, o deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena, produciendo el mismo efecto procesal que una sentencia definitiva. En el caso de Aramburu, la resolución que confirmaba su procesamiento no tenía ese carácter definitivo.

Además señaló que el criterio para determinar si una resolución es equiparable a una sentencia definitiva se basa más en las consecuencias de la resolución con relación a las actuaciones que en su contenido. Las resoluciones cuya consecuencia sea seguir sometido al proceso penal no son consideradas definitivas.

Concluyendo, el tribunal indicó que si bien el Alto Tribunal ha equiparado como sentencias definitivas aquellas que impiden continuar el proceso y causan un gravamen irreparable privando al interesado de remedios legales ulteriores, dicho gravamen no se vislumbraba en este caso. La aparente invocación de afectación a garantías constitucionales tampoco suplía la falta de definitividad de la decisión cuestionada.