La causa, en la que intervino como fuerza “Drogas Peligrosas Chajarí de la PER”, esta llevada adelante por la Fiscalía Federal local a cargo de Minatta y del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Romponi, desde donde se ordenaron diversas medidas de prueba con base en tareas de campo, escuchas telefónicas e informes técnicos, entre otras.

La organización delictiva operaba desde diciembre de 2024, y se encuentra integrada por al menos una decena de personas con roles bien establecidos: desde proveedores y acopiadores hasta revendedores callejeros y encargados de la distribución bajo la modalidad “delivery”.

El centro de las maniobras que determinado era una vivienda ubicada en la calle Simón Bolívar de Chajarí, que funcionaba como punto de fraccionamiento, logística y venta al menudeo de clorhidrato de cocaína.

Durante varios meses, la División Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos documentó a una gran cantidad de personas que ingresaban y salían del domicilio con paquetes sospechosos.

Además, se detectó el uso de vehículos y motocicletas registrados a nombre de allegados a los investigados, quienes fueron filmados realizando entregas rápidas de pequeños envoltorios a cambio de dinero.

Los registros fílmicos sobre los seguimientos y las comunicaciones intervenidas revelaron un patrón reiterado, que fueron utilizados como base probatoria para avanzar con medidas coercitivas.

Además de la vivienda utilizada como epicentro de las actividades delictivas, fueron allanados otros seis domicilios donde se presumía que se acopiaba la sustancia, se ocultaba el dinero generado por los ilícitos y/o se preparaban los envíos. Uno de estos inmuebles funcionaba como depósito clandestino en un terreno baldío al norte de la ciudad, donde se registraron movimientos nocturnos compatibles con la ocultación de droga para su posterior distribución.

Entre los principales hechos detectados, se subrayan las entregas en la vía pública, intercambios codificados entre los implicados y una compleja red de comunicación entre quienes abastecían las llamadas “bocas de expendio”.

Se ordenó además el arresto de cuatro personas sindicadas como los principales organizadores del esquema delictivo.