La realidad, sin embargo, ha comenzado a filtrarse por las grietas del blindaje institucional. En los últimos días, nuevos elementos (que muchos conocían pero nadie se atrevía a decir en voz alta) comenzaron a emerger, en gran parte por efecto colateral de las internas palaciegas del Ministerio Público Fiscal.

Uno de esos episodios clave fue la declaración ampliada de Sergio Cardozo, empleado del contable de la Cámara de Diputados, quien reveló que el esquema de contrataciones truchas viene de larga data: no comenzó en 2008, como pretende instalarse, sino al menos en 2004 o 2005, en la época de Pedro Guillermo “Pemo” Guastavino, de hecho en los allanamientos se secuestraron tarjetas de la legislatura provincial y del Senado de la Nacion, ya que operaban además los contratos del propio Guastavino (quien fue citado y desvinculado rápidamente) y Kunath.

La declaración de Cardozo es disruptiva porque corre el cerco. Revela que el recorte cronológico entre 2007 y 2011 (extraído caprichosamente de la investigación) no responde a criterios jurídicos sino a conveniencias políticas. Hay un acta interna que, con un cinismo inaudito, reconoce que de ese período no quedó un solo papel: ni contratos, ni resoluciones, ni registros. Simplemente, la nada. Una amnesia institucional organizada.

A esto se suma otro hecho inquietante: cuando la entonces procuradora adjunta Cecilia Goyeneche entrevistó a legisladores que, insólitamente, fueron autorizados a concurrir con abogados defensores (pese a su calidad de testigos), estos terminaron reconociendo que muchos contratos se hicieron “por indicación” del Tribunal de Cuentas, incluyendo personas que ni conocían ni trabajaban.

Es harina de otro costal debatir si esas entrevistas “presionantes” de Goyeneche contribuyeron a su salida del Ministerio Público Fiscal. Pero está claro que, con Cardozo, se rompió la burbuja: el sistema no solo es más viejo de lo que se decía, sino que compromete a todos los sectores del poder político provincial, sin distinción.

Adán Bahl, el poder y la opacidad

En la caricatura institucional, Adán Bahl representa más que al exvicegobernador: es la continuidad del esquema de encubrimiento y discrecionalidad en el manejo de la Cámara de Senadores.

Fue reticente a colaborar con la causa (lo dijo esta semana la propia jueza que tramita la causa y los fiscales), y su gestión (2015–2019) estuvo signada por el silencio cómplice y por la consolidación del sistema: familiares y amigos en planta permanente, contratos discrecionales, y cero rendición de cuentas. Lo que empezó con Guastavino, fue perfeccionado por Lauritto y Busti, y luego multiplicado por Urribarri, Cáceres, Allende y el propio Bahl.

Y aunque lo que vino después no fue mejor. Durante el período 2019–2023, tanto en el Senado como en Diputados, el festival de discrecionalidad se mantuvo (y en algunos casos, se profundizó).

Ángel Giano, actual presidente de la Cámara de Diputados, hoy pasea por Europa junto a sus amigos concordienses disputando torneos de básquet senior, mientras la Justicia apenas se digna a revisar las maniobras bajo su gestión.

Por su parte, Laura Stratta, entonces vicegobernadora y presidenta del Senado, tampoco ha brindado explicaciones serias sobre el uso indiscriminado de gastos reservados, la contratación de familiares y amigos, ni sobre la opacidad que caracterizó su paso por el Poder Legislativo.

Si bien sus gestiones no forman parte del período investigado en la causa judicial, son la continuidad de una estructura de poder basada en el manejo arbitrario de recursos públicos, con la misma lógica clientelar y el mismo blindaje político que atraviesa a todas las administraciones desde hace al menos dos décadas.

Una guerra de fondo: el poder sobre la Justicia

Mientras tanto, Jorge García libra su propia guerra: busca avanzar con una ofensiva institucional sobre el Superior Tribunal de Justicia, apuntando a correr a al menos 4 vocales identificados con el peronismo, aunque en realidad más están identificados con el duro núcleo de poder que gobernó 40 años Entre Ríos.

La batalla no es moral, sino estratégica: garantizar que las futuras vacantes sean ocupadas por jueces más afines a su proyecto de poder y su visión del derecho penal como mecanismo de control político.

Se lanzo una operación sobre los viáticos y se espera que se profundicen los ataques, ya que ante un inminente Juicio Político a medida impulsado desde la revista Análisis (similar al de Castrillón), habría replica desde los bandos aliados al superior.

La trama es más perversa de lo que parece. A la sociedad se le ofrece un espectáculo de “justicia activa” juzgando a perejiles mientras el núcleo estructural del saqueo estatal (cuyos responsables diseñaron, ordenaron y supervisaron el esquema) permanece intocado. Como si un cajero pudiera ser condenado por un robo bancario organizado por los dueños del banco.

Un límite ciudadano

La sociedad entrerriana, sin embargo, ya no tolera más ficciones. Exige verdad completa, no a medias. Quiere justicia, no venganzas selectivas. Y, sobre todo, reclama que se termine la farsa de los “perejiles para la tribuna” y el blindaje para los verdaderos responsables del mayor desfalco institucional de las últimas décadas.

La historia apenas empieza a escribirse. Lo que está en juego no es solo el resultado de un juicio, sino el modelo de provincia que queremos. Y esa definición excede largamente a fiscales, jueces o políticos: es una deuda con la democracia y con cada entrerriano que no quiere ser cómplice ni víctima de esta farsa.