La causa judicial que investiga el saqueo sistemático de las arcas del Senado de Entre Ríos ha dejado de ser un simple expediente de corrupción para convertirse en la radiografía de una operación financiera bien desarrollada.

En el epicentro de este esquema, la figura de Adán Humberto Bahl emerge no solo como la autoridad máxima del cuerpo entre 2015 y 2019, sino como el estratega de un deslinde de responsabilidades que hoy la justicia mira con extrema lupa.

Su coartada, basada estrictamente en la ausencia de su firma en las resoluciones, colisiona frontalmente con su perfil de contador experto y su fama de administrador omnipresente.

El Decreto 123: ¿Delegación de funciones o escudo legal?

La arquitectura del fraude se sostuvo sobre una pieza administrativa clave: el Decreto 123.

Esta normativa, heredada de la gestión de Eduardo Lauritto, otorgaba al vicepresidente primero del cuerpo (cargo ocupado por Aldo Ballestena) la facultad de suscribir contrataciones de personal.

Para los investigadores, este decreto no fue una herramienta de agilidad administrativa, sino un reaseguro de impunidad.

Bahl ha intentado convencer a los fiscales de que la "maquinita" de facturar funcionó en una dimensión paralela, bajo la exclusiva órbita de Ballestena. Sin embargo, en el mundo político y judicial de Paraná, esta versión carece de sustento fáctico.

Resulta inverosímil que en un recinto donde la planta física apenas supera las 25 personas, se drenaran presupuestos millonarios para sostener a una nómina fantasma de 70 contratados sin que el titular del cuerpo (un profesional de las ciencias económicas) notara el desfasaje financiero.

Informes internos y testimonios recolectados en los pasillos legislativos sugieren la existencia de una regla de hierro en el reparto del botín: el 85/15. Según esta hipótesis, el 85 por ciento de los fondos retornaba a la "caja política" de la estructura central, mientras que el 15 restante quedaba para quien prestaba la firma y gestionaba la logística del cobro.

Esta estructura de recaudación no habría podido sobrevivir tres años (desde la asunción de Bahl en 2015 hasta el estallido del escándalo en septiembre de 2018) sin un consentimiento jerárquico.

Quienes conocen la dinámica de poder del exintendente de la capital provincial aseguran que "el Beto" mantenía un control estricto sobre cada partida presupuestaria. El contraste entre su rigor técnico para las cuentas públicas y su supuesta "ceguera" ante el desvío de casi la mitad del presupuesto del Senado es, para la fiscalía, una de las mayores inconsistencias del caso.

Uno de los capítulos más oscuros del informe judicial involucra la falsificación de identidades. El caso de Fabiola Soraya Claret es paradigmático.

Esposa de Leonardo "Nano" Centurión (pieza histórica del engranaje administrativo del Senado), Claret habría figurado como contratada desde el año 2003 mediante la falsificación sistemática de su firma.

Este mecanismo permitía desviar sueldos que la mujer nunca percibió, alimentando un sistema de "contratados invisibles". La investigación apunta a que el entorno directo de figuras estratégicas facilitaba identidades para que la estructura pudiera retirar sumas millonarias de los cajeros automáticos, escena que finalmente detonó la causa en 2018.

Lejos de detenerse tras el escándalo, la maquinaria habría encontrado nuevas formas de blindaje. La gestión de Laura Stratta ha sido señalada por la opacidad en el manejo de la información pública, ganándose en círculos críticos el mote de "protectora del secreto".

Lejos de una depuración, se estima que el volumen de contratos bajo su presidencia se incrementó entre un 40 y 50 por ciento, manteniendo a actores clave del esquema anterior en posiciones de control.

La estrategia de la "negligencia"

Hoy, el arco político involucrado (que incluye nombres de peso como José Ángel Allende, Eduardo Lauritto y Sergio Urribarri) busca que la justicia encuadre el saqueo de 53 millones de dólares bajo la figura de la "falta de control" o negligencia administrativa.

El objetivo es claro, "transformar un delito penal de peculado y asociación ilícita en una falta administrativa que se resuelva con multas o sanciones menores".

Pero, para la sociedad y los instructores de la causa, el intento de Adán Bahl de cortar el hilo por lo más delgado (apuntando exclusivamente a Ballestena) aparece como el último acto de una obra diseñada para proteger la jerarquía.

La pregunta que la Justicia deberá responder no es quién firmó, sino quién permitió, durante años, que el patrimonio de los entrerrianos financiara una estructura de poder paralela bajo la excusa de un decreto de delegación de firmas.