La pregunta que sobrevuela desde hace tiempo no es necesariamente judicial, sino política: ¿Cómo pudieron desarrollarse durante años mecanismos de presuntas irregularidades dentro de estructuras estatales controladas por dirigentes que jamás asumieron responsabilidades directas?

El primer gran antecedente aparece en la causa de los contratos truchos de la Legislatura, considerada una de las investigaciones por corrupción más importantes de la historia provincial.

Durante años funcionó un sistema de contrataciones presuntamente apócrifas que, según la Justicia, permitió el desvío de sumas millonarias de dinero público. Mientras ese esquema operaba, Stratta integraba el espacio político que conducía la provincia y tenía mayoría en las cámaras legislativas.

Posteriormente llegó al Ministerio de Desarrollo Social. Tampoco aquella etapa estuvo exenta de cuestionamientos. Subsidios observados, beneficiarios fallecidos que continuaban figurando en registros oficiales y distintos programas bajo observación generaron polémicas que nunca terminaron de disiparse completamente.

Nuevamente, las explicaciones llegaron desde niveles administrativos inferiores, mientras la conducción política permanecía al margen de las responsabilidades.

La situación volvió a repetirse durante su paso por la Vicegobernación y la presidencia del Senado. Tras el cambio de gobierno, la gestión encabezada por Rogelio Frigerio denunció un esquema de designaciones, contrataciones y nombramientos realizados en los últimos días de la administración saliente.

Muchas de esas decisiones fueron revisadas y algunas quedaron sin efecto, alimentando nuevas críticas sobre el uso del Estado para garantizar espacios de poder luego de la derrota electoral.

Ahora, una nueva causa vuelve a colocar bajo observación a funcionarios y estructuras vinculadas al período político en el que Stratta ocupaba posiciones centrales.

Se trata del expediente por los créditos fraudulentos del programa Jóvenes Emprendedores, una investigación que apunta a una maniobra mediante la cual se habrían gestionado préstamos con documentación presuntamente falsificada, generando un perjuicio millonario para el Estado provincial.

En el centro de la causa aparece Pedro Fernando Gebhart, escribano y exfuncionario señalado por Fiscalía como una pieza clave en la operatoria. El intento de avanzar hacia un juicio abreviado generó controversias debido a que podría cerrar rápidamente el expediente sin que se ventilen en un debate oral todas las responsabilidades políticas eventualmente vinculadas al caso.

Pero el nombre de Gebhart no surge por primera vez en una investigación sensible. También apareció mencionado en el marco de la polémica causa relacionada con los dólares atribuidos al ex juez Hugo Daniel Perotti, un episodio que generó fuertes cuestionamientos públicos y que, pese a la repercusión que alcanzó, terminó sin mayores consecuencias judiciales para los principales involucrados.

La coincidencia vuelve a despertar interrogantes sobre una trama donde se mezclan funcionarios, operadores políticos, estructuras estatales, escribanías y millonarios movimientos de dinero.

En ese contexto, sectores de la oposición y distintos observadores políticos plantean una inquietud que excede los expedientes concretos: la repetición constante de escándalos administrativos durante los años en que los mismos dirigentes ocuparon posiciones de poder.

Nadie sostiene que la responsabilidad penal pueda establecerse fuera de los tribunales. Sin embargo, la responsabilidad política es otra discusión. Y allí las preguntas siguen abiertas.

¿Por qué los principales casos de irregularidades administrativas de las últimas décadas aparecen vinculados a organismos, programas o estructuras conducidas por funcionarios que luego aseguran no haber sabido nada?

¿Por qué siempre terminan respondiendo empleados, administrativos o funcionarios de segunda línea mientras las máximas autoridades quedan al margen?

¿Y por qué, cada vez que una causa amenaza con avanzar hacia niveles superiores de responsabilidad, aparecen mecanismos que parecen limitar el alcance de las investigaciones?

Laura Stratta tiene pleno derecho a defender su actuación pública. Pero después de casi veinte años ocupando lugares centrales dentro del poder provincial, también resulta inevitable que una parte importante de la sociedad exija explicaciones más profundas.

Porque los nombres de las causas cambian. Cambian los expedientes, los protagonistas y los montos investigados. Lo que parece repetirse es otra cosa, los cuestionamientos siempre terminan orbitando alrededor de los mismos espacios políticos.