El objetivo sería establecer qué patrimonio poseían antes de ingresar a la función pública y cuál es su situación económica actual.

Rossi aseguró que la investigación debe ser amplia, independiente y sin excepciones. Incluso sostuvo que él mismo debe formar parte de esa auditoría para despejar cualquier sospecha.

"Que me investiguen a mí también", es la frase que viene repitiendo al defender la propuesta.

El proyecto toma como antecedente la iniciativa impulsada a comienzos de los años 2000 por el entonces gobernador Sergio Montiel, quien intentó incorporar a la firma internacional Kroll para rastrear maniobras de corrupción y movimientos patrimoniales sospechosos. Aquella experiencia nunca prosperó y quedó archivada tras el cambio de Gobierno en 2003.

Más de dos décadas después, Rossi considera que las razones para avanzar con una investigación de estas características son incluso más contundentes.

La propuesta aparece en un contexto marcado por algunos de los mayores escándalos institucionales de la historia provincial. La causa de los Contratos Truchos expuso durante años un sistema de desvío de fondos dentro de la Legislatura entrerriana.

A ello se suman investigaciones vinculadas al IOSPER, denuncias por contrataciones irregulares, créditos cuestionados, subsidios observados y numerosas causas que involucraron a distintos organismos del Estado.

Mientras tanto, la provincia atravesó reiteradas crisis económicas, deterioro de servicios públicos y un creciente malestar social frente a una dirigencia que, para amplios sectores de la ciudadanía, parece haber mejorado notablemente su situación patrimonial mientras gran parte de la población veía deteriorarse su calidad de vida.

La propuesta de Rossi busca responder precisamente una pregunta que desde hace años recorre las conversaciones políticas y sociales de Entre Ríos: cómo evolucionó el patrimonio de quienes administraron recursos públicos durante las últimas décadas.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la publicidad del proceso. La auditoría estaría acompañada por organismos de control, universidades, colegios profesionales y seguimiento legislativo, mientras que los informes deberían ser públicos y accesibles para toda la ciudadanía.

Además, Rossi propone una reforma del Código Procesal Penal para que los delitos graves contra la administración pública puedan ser juzgados por jurados populares, incorporando una participación más directa de la sociedad en los procesos vinculados a corrupción estatal.

La iniciativa seguramente despertará adhesiones y rechazos. Sin embargo, vuelve a colocar en el centro del debate una cuestión incómoda para gran parte de la dirigencia política: la necesidad de explicar de manera transparente el origen y crecimiento de los patrimonios acumulados durante años de gestión pública.

Fuertes y el régimen de “inocencia fiscal”: una discusión que excede lo tributario

Mientras la propuesta de Rossi pone el foco sobre la evolución patrimonial de la dirigencia, otro dato político comenzó a generar interrogantes en distintos sectores de la provincia.

Adrián Fuertes, actual jefe de la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos, figura adherido al régimen de “inocencia fiscal” impulsado por el Gobierno nacional.

La situación podría pasar inadvertida si se tratara de un empresario cuya actividad privada hubiese generado un importante crecimiento patrimonial. Sin embargo, el caso adquiere otra dimensión por la trayectoria política de Fuertes.

Durante más de veinte años ocupó cargos públicos de relevancia. Fue diputado provincial, senador, intendente y una de las figuras con mayor influencia dentro del peronismo entrerriano. Su carrera política se desarrolló prácticamente de manera ininterrumpida desde comienzos de la década del 2000.

Por eso, su incorporación a un régimen destinado a contribuyentes con patrimonios y movimientos económicos significativos vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que atraviesa buena parte del debate público actual: por qué numerosos dirigentes que gobernaron durante décadas parecen haber progresado económicamente mucho más que los ciudadanos a quienes representaron.

La discusión, en este caso, no pasa únicamente por cuestiones impositivas o legales. Lo que emerge es un cuestionamiento político y social más profundo.

Durante los mismos años en que gran parte de la dirigencia consolidó poder, influencia y capacidad económica, miles de entrerrianos enfrentaron salarios depreciados, dificultades para acceder a la vivienda, pérdida del poder adquisitivo y un crecimiento sostenido de la pobreza.

Fuertes formó parte de esa generación política que administró recursos, ocupó cargos estratégicos y tomó decisiones durante buena parte de ese período. Por eso, más allá de cualquier situación individual, su aparición dentro del régimen de inocencia fiscal alimenta un debate que excede su caso particular.

Distintos sectores de la sociedad hoy se preguntan: "No es solamente cuánto crecieron los patrimonios de determinados dirigentes, sino por qué, después de más de dos décadas de gestión política, muchos de ellos parecen haber mejorado sustancialmente su situación económica mientras una parte importante de la población quedó cada vez más rezagada".

Es precisamente esa pregunta la que la propuesta impulsada por Rossi pretende llevar al terreno de los hechos verificables. Y es también la razón por la que la discusión promete ocupar un lugar central en la agenda política entrerriana durante los próximos meses.