Cristian Selva, secretario de Organización de ATE Concordia, fue tajante respecto al vacío comunicativo: “Con el único que, por ahí, se pudo dialogar era con Dell'Ollio". El dirigente gremial apuntó directo contra la máxima autoridad local al señalar que el intendente "Azcué, una sola vez estuvo presente en una mesa de negociación salarial y después nunca más”.

Sin preavisos y con la mira en "listas negras"

El clima dentro del palacio municipal está marcado por la incertidumbre. Si bien legalmente corresponde que las jefaturas notifiquen las bajas con un mes de anticipación, el gremio denuncia que el modus operandi local prescinde de los canales formales.

"Hasta el momento no hubo notificaciones”, aclaró Selva, aunque advirtió sobre la metodología utilizada en las últimas oleadas: los empleados descubren que fueron desvinculados de un momento a otro, en el instante en que el sistema les rebota la tarjeta al intentar fichar. "Se los saca de la marcación directamente", enfatizó.

A este panorama se suma la sospecha de persecución ideológica. Según Selva, en la actual administración "no se para de hacer listas respecto de quien piensa de una forma o quien piensa de otra; a quien se puede despedir y a quien no”.

De materializarse, estos despidos se acoplarían a las bajas ejecutadas durante el 2025. Aquel proceso comenzó a mitad de año con el desplazamiento de cocineras y personal de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), y culminó en diciembre con la desvinculación de 140 contratados, afectando con especial dureza a áreas operativas como la Central de Tránsito.

Internas feroces, aprietes y represión salarial

El conflicto viene arrastrando episodios de alta tensión, como la parálisis del Corralón Municipal en enero pasado, donde ATE protestó junto a la Unión de Trabajadores y Empleados municipales (UOEMC) y al Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales (STEMC).

Aquella huelga derivó en descuentos compulsivos en los haberes de los huelguistas, una medida que posteriormente fue revertida por orden de la Justicia, que obligó al municipio a reintegrar los fondos.

Desde el sindicato sugieren que los hilos de estas decisiones polémicas son manejados por el secretario de Hacienda, Pablo Ferreyra, dejando en evidencia una fractura política interna orientada a desplazar a los funcionarios alineados con el radicalismo que lidera el diputado Marcelo López. “Se ve que hay una interna muy fuerte dentro del Municipio y eso se nota”, evaluó Selva.

Por otra parte, el gremio denuncia una política del miedo orientada a desactivar los reclamos mediante amenazas a los empleados que intentan sumarse a asambleas o protestas.

Asimismo, Selva expuso la doble vara de velocidad con la que reacciona el Ejecutivo: el silencio es absoluto ante los pedidos de recomposición salarial, pero la respuesta es inmediata cuando se anuncia una huelga. “A los 10 minutos están en el gremio notificando que van a descontar el día”, criticó.

El impacto en la ciudad más pobre del país

Frente a las acusaciones oficiales que intentan ligar las protestas a intereses partidarios, Selva fue tajante: “El único posicionamiento político es defender al trabajador”.

En ese sentido, alertó sobre el impacto macroeconómico que tiene la destrucción del empleo público en una comunidad golpeada por los índices sociales. El dirigente argumentó que sumergir a más familias en la desocupación retrae drásticamente el consumo local, privando a los comercios de las ventas mínimas que necesitan para sostenerse en pie.

La vulnerabilidad se concentra en las modalidades más desprotegidas: contratados, monotributistas y beneficiarios de planes sociales cuyos ingresos rondan apenas los 200 mil pesos.

Desde ATE recordaron que esta estructura de "contratos basura" fue sistemáticamente cuestionada por ellos durante las gestiones anteriores, ya que deja la estabilidad laboral hipotecada en manos del gobierno de turno.

En este punto, Selva también apuntó contra la inacción de la Justicia local, acusándola de ser testigo pasivo de una precarización que convalida un mal ejemplo para el sector privado.

Denuncias por discriminación paritaria

El rol de ATE como el único sector que plantó bandera desde el inicio contra la pérdida del poder adquisitivo de los estatales locales trajo consecuencias institucionales.

El secretario general del sindicato a nivel local, Pedro Pérez, sostiene desde fines del año pasado que el Municipio aplica una abierta discriminación contra el gremio, excluyéndolo de las mesas de negociación salarial y pegando el faltazo sistemático a las audiencias convocadas formalmente por la Secretaría de Trabajo.

"Todo esto lo ocultan, lo disimulan. Hacen campañas de marketing pero si hablás con un trabajador hay que preguntarle en qué mejoró el Municipio", concluyó Selva, contrastando la narrativa oficial con la realidad diaria de los trabajadores.