El plan contemplaba la contratación de dos sicarios provenientes de Uruguay, quienes habrían sido convocados a cambio de una suma cercana a los 40.000 dólares.

La emboscada estaba en una etapa avanzada y apuntaba directamente a impedir el desarrollo del proceso judicial en el que Airaldi y otros 13 acusados deben responder por delitos vinculados al narcotráfico.

A pesar de la gravedad de la amenaza, desde el Tribunal Oral Federal de Paraná confirmaron que el juicio se llevará adelante en la fecha estipulada.

Tras conocerse el complot, se dispuso un fuerte refuerzo en los operativos de seguridad, tanto en el tribunal como en los traslados de los imputados. Además, la Policía Federal Argentina, con apoyo de la Policía de Entre Ríos, asumió la custodia personal del ministro Roncaglia, el juez Ríos y el fiscal Candiotti.

La investigación se sustentó en diversos testimonios que alertaron sobre el plan y su inminente ejecución. En el expediente judicial figura una frase atribuida a Airaldi que revela la magnitud de la amenaza: “Los sicarios de Uruguay me salen dos mangos”.

Airaldi, de 46 años, es una figura conocida en el ámbito criminal de la región. Apodado el “Gaucho narco”, está acusado de liderar una organización dedicada al tráfico de drogas, luego de que se descubriera que almacenaba casi 30 kilogramos de cocaína y utilizaba el río Paraná como vía para su distribución.

Antes de ser vinculado al narcotráfico, el acusado tuvo una vida pública completamente distinta: se desempeñó como productor agropecuario y llegó a presidir la Sociedad Rural de Diamante, en Entre Ríos, lo que profundizó el impacto del caso cuando su nombre quedó asociado al delito.