Fernando Burlando había viajado recientemente a Entre Ríos para intervenir como querellante en la investigación de la muerte de la joven Berenice Gonzálvez en la localidad de Victoria. Fue allí que recibió información de primera mano sobre las causas contra Sergio Urribarri, ex gobernador justicialista de la provincia (2007-2015) y ex embajador en Israel del gobierno de Alberto Fernández.

El abogado penalista anunció su decisión de asumir la defensa del ex mandatario quien, en su opinión, “ha sido sometido a un escuadrón de fusilamiento judicial, político y mediático, con investigaciones y juicios plagados de arbitrariedades”. “Hay una clara y notable persecución política a Urribarri”, subrayó.

Esta es la primera vez que Burlando defiende a un dirigente político y en respaldo a su decisión, asevera: “Se han violado garantías constitucionales atentando contra el Estado de Derecho, lo cual resulta absolutamente preocupante y exige acción inmediata”. A modo de ejemplo, detalla que, en una de las causas que involucran a Urribarri, se hicieron allanamientos sin testigos presentes y con actas truchas que fueron convalidadas por el tribunal de sentencia e increíblemente ignoradas por la supuesta revisión de la Cámara de Casación Penal, entre otras tantas barbaridades”.

“También hubo pseudo pericias a cargo de agentes de la Fiscalía que se hicieron pasar por peritos, violando manifiestamente lo que dispone el Código Procesal Penal y se trabaron embargos por sumas exorbitantes sin ningún tipo de fundamento jurídico y con el único fin de generar un impacto mediático”, siguió diciendo el abogado.

Argumentó que “se rechazaron in limine todos los planteos defensivos previos al inicio del juicio sin atender sus fundamentos, con total arbitrariedad”. “Y como si esto fuera poco, en el juicio no hubo ni una sola prueba que involucrara a Urribarri en los hechos que se le endilgaron y aún así lo condenaron”, acotó.

“Actualmente en esa causa se está a la espera de que por primera vez Urribarri sea escuchado por un tribunal imparcial, ya que tanto el tribunal de juicio como el de casación fueron cuestionados por la defensa con sobrada fundamentación”, afirmó.

Burlando aludió así al juicio contra el ex gobernador que se inició a fines de septiembre de 2021 y culminó con su condena a mediados de marzo de 2022, conocido como la Megacausa porque tuvo como eje cinco investigaciones por el supuesto desvío de fondos públicos para fines particulares.

La Fiscalía entendió que la realización de un parador en la playa La Perla de Mar del Plata en enero de 2015, la difusión en medios nacionales de spots relacionados con la Cumbre del Mercosur (Paraná, diciembre de 2014) y la publicación de una solicitada contra los “fondos buitres” eran montajes para derivar recursos del Estado a la campaña con la cual Urribarri buscaba posicionarse como uno de los candidatos a disputar la sucesión de Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia de la Nación.

Otro señalamiento fue el de haber montado un esquema de supuesta cartelización de publicidad en vía pública en favor de empresas que la Justicia entendió eran operadas por testaferros de un cuñado del entonces gobernador. Por último, se lo acusó por la contratación de publicidad oficial a través de una empresa denominada Global Means sin haber cumplido con los requisitos formales para ello.

Esta condena a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos fue confirmada en mayo de 2023, por la Cámara de Casación de Entre Ríos.