“A veces los magistrados pueden ser responsables por sus conductas. Pero muchas veces, también son responsables por las omisiones a la aplicación de la ley que consienten o toleran dolosamente”, señaló el Burlando.

Y explicó, de forma categórica: “El funcionario tiene un deber de actuar, porque es especialmente garante del cumplimiento de las leyes”, agregando que esto es así, especialmente “cuando se trata de magistrados de un nivel superior”.

Según se desprende de información de acceso público que circula en las redes sociales y en algunos portales de internet, tal como indica según citó Diario Full, habría versiones que describen cómo, dónde y cuándo se habrían gestado las acciones judiciales y mediáticas contra Urribarri, por lo que podría tratarse de una “gigantesca causa armada”, como parece que dejó trascender el abogado.

En ese sentido, habló de las “acciones penales y pedidos de juicio político” que habría dado instrucciones a su equipo de iniciar.

Según trascendidos, existen múltiples evidencias que podrían demostrar que los procesos contra el ex gobernador fueron “diseñados” con mucho tiempo y minuciosidad, “orientados a dar un duro mensaje a la clase política” de parte de “puntuales magistrados que pueden ser señalados con nombre y apellido”.

El equipo de Fernando Burlando estaría evaluando una nómina de testigos que estarían dispuestos a declarar en el caso de concretizarse las acciones judiciales y administrativas.

El abogado fue muy cauto al respecto y prefirió no dar mayores precisiones sobre las eventuales denuncias contra jueces y fiscales. No obstante, aseguró que la sentencia condenatoria contra el ex mandatario estaba “plagada de irregularidades” y que “violaba absolutamente un sinnúmero de preceptos vigentes tanto de la Constitución Provincial, de la Constitución Nacional y múltiples artículos del código de procedimiento penal en Entre Ríos…”.

En este sentido, añadió que los magistrados parecen haber olvidado la vigencia de leyes básicas como la 5.140 -de contrataciones de publicidad-; 11043 -que modificó dicha normativa-, la 25.520 -que exigía autorización judicial para recabar información sobre las comunicaciones telefónicas; la 24.059 -cuyas formalidades para requerir el auxilio de fuerzas federales no se cumplió– y otro sin número de preceptos como las que ordenan el proceso -el código de procedimiento de la provincia- o las leyes que establecían las funciones de la Contaduría General -Ley Provincial 9.981- o las leyes 19.550 o los propios artículos 209 al 213 de la Constitución Provincial.

Estas irregularidades denunciadas por el equipo del doctor Burlando se condicen con las informaciones periodísticas en cuanto a que estaríamos frente a un nuevo escándalo judicial y político que pone de manifiesto los "intereses" de algunos magistrados concretos por lograr una condena arbitraria contra Urribarri, sin importar los costos de sus atropellos institucionales.

En este orden de consideraciones, se ha llegado a hablar de manipulaciones desde el exterior por parte de jueces sobre una serie de resortes judiciales para ese fin, para lo cual los letrados del ex gobernador han requerido diversas diligencias de prueba en el día de la fecha.

La trama de conspiración ha adquirido incluso ribetes novelísticos al yuxtaponerse con trasfondos románticos de contenido homosexual: según trascendidos en las redes sociales, dos funcionarios judiciales que habrían tomado la decisión de asumir una nueva elección sexual, estarían atravesando una apasionado romance y -mientras disfrutan del verano europeo- enviarían mensajes para ejercer presiones indebidas sobre sus colegas del alto tribunal.

Fuentes judiciales que pidieron preservar su identidad hablaron de “serias presiones” sobre el voto de una de las juezas supremas para que "se cierre de una vez por todas el asunto contra Urribarri”. Dichos llamados se habrían hecho llegar a una magistrada a través de su pareja que -según trascendió- sería un ex funcionario de Urribarri.

En este aspecto, serán determinantes las pruebas que se soliciten y especialmente, la posibilidad de establecer mensajes y llamadas entrantes y salientes entre los magistrados, así como los eventuales registros de viajes al exterior que se autoricen judicialmente -si es que media una denuncia penal-. El equipo de Fernando Burlando parece estar trabajando activamente esta posibilidad.

El abogado llega a la defensa de Urribarri después de su participación como querellante en la investigación de la muerte de Berenice Gonzálvez en Entre Ríos, donde habría recibido información de primera mano sobre las causas contra el ex gobernador de esa provincia. El abogado sostiene que el ex mandatario ha sido sometido a un "escuadrón de fusilamiento judicial, político y mediático" con investigaciones y juicios plagados de arbitrariedades.

El equipo del profesional habló de posibles abusos de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, falsedades ideológicas y hasta de un posible prevaricato.

El abogado afirmó a Diario Full que “las eventuales causas que se puedan iniciar contra algunos jueces y magistrados muy concretos, no prescriben mientras los funcionarios sigan en función judicial.”

Y sostuvo además que “la idea de que estos delitos no prescriban mientras los magistrados sigan en funciones, es justamente evitar que puedan manipular las investigaciones valiéndose de los cargos que detentan”. Pero destacó: “los errores judiciales son muy evidentes en este caso” y puntualizó que “se trata de una sentencia que carece de motivación real, que aplica preceptos derogados, que invade competencias administrativas, en donde los jueces se arrogan facultades que no tienen y se contradicen a sí mismos”.

“Se han invocado hechos falsos; hay groseras falsedades -como cuando se dicen que un allanamiento duró lo que no duró- y se le ha ocultado gravemente
prueba a los defensores”.

El equipo del doctor Burlando detectó al menos más de seis leyes nacionales vulneradas y otra media docena de leyes provinciales que no fueron tenidas en cuenta en la sentencia, amén de múltiples afectaciones a la Constitución Nacional y a diversos pactos internacionales.

Este será el primer caso político en el que Burlando intervendrá como defensor, respaldando su decisión al afirmar que se trata de un proceso amañado, absurdo y de tinte completamente político.

“Los hechos que se le imputan al ex gobernador no son delitos y han sido realizados cumpliendo con todos los resortes administrativos de la provincia. Querer imputarle actos administrativos en los que se respetaron todas las instancias reglamentarias, además de invadir esferas políticas implica un avasallamiento de uno de los poderes del estado en desmedro de otro”.

Pero el letrado aclaró: “No hay que confundir a la opinión pública. No es el Poder Judicial. La mayoría de los jueces de Entre Ríos son excelentes. Hay jueces honorables, de mucha solvencia, muy preparados, que trabajan muy bien pero justamente no son los que salen en los diarios”.

“Paralelamente, hay muy pocos jueces muy puntuales, de ascensos son meteóricos, que hacen carrera ejerciendo presiones indebidas mientras se pasean con sus parejas por las playas de Europa”, añadió. “Estos elementos le hacen muy mal al Poder Judicial”.

Por mucho menos “Martín Insaurralde perdió su cargo y está procesado”. La Justicia debería también investigar a los jueces corruptos que provocan tanto daño en el seno de la administración de judicial.