La acusación incorporó evidencias documentales, comunicaciones y análisis de datos bancarios y contables para fundamentar las afirmaciones sobre la estructura y operación del esquema.

En la larga jornada, Patricia Yedro, Ignacio Aramberry y Gonzalo Badano presentaron la evidencia documentada lograda en los allanamientos, correos electrónicos, archivos digitales y cuadernos manuscritos para respaldar su hipótesis sobre la existencia de una asociación ilícita y la distribución de roles dentro de la misma.

El MPF además mencionó nombres de varios imputados y desatacaron que la organización operaba de forma jerarquizada, con personas encargadas del reclutamiento de falsos contratistas, la gestión del cobro de cheques y pagos bancarizados, y la distribución y entrega del dinero obtenido a los niveles superiores de la estructura.

La fiscalía sugirió además que la presunta maniobra delictiva, operaba incluso luego de ser detectada, intentando entorpecer la investigación mediante la introducción de información falsa.

El MPF indicó que la maniobra central consistía en la creación de “contratos de locación de obra”, falsos con particulares que, en muchos casos, no prestaban servicios reales en la Cámara de Senadores o Diputados. De este modo se utilizaba a individuos para “hacerlos figurar como contratista”.

Los fiscales precisaron que se trató de una estructura jerárquica y funcional, pudiendo identificar varios roles y personas claves basados en abundante documentación física y digital, correos electrónicos, mensajes de texto y Whatsapp, además de datos bancarios.

De acuerdo a los dichos de los fiscales el escalafón superior lo integraban: Gustavo Hernán Pérez, Alfredo Bilbao y Jorge Enrique de Breuil. Estas personas fueron sindicadas como figuras con “funciones jerarquizadas” y un papel central en la decisión, gestión y recepción de los mayores ingresos ilícitos.

Pérez, con un “dominio fáctico de los contratos” y capacidad de decisión sobre el presupuesto y la distribución. De Breuil, un “destinatario central del dinero sustraído y posteriormente invertido”.

En esa misma categoría están los directores de Servicios Administrativos Contables: Juan Domingo Orabona (“Palito”) y Sergio Esteban Cardoso, señaló el MPF.

Orabona, "amigo del ex gobernador Gustavo Bordet", habría recibido dinero y participado en inversiones. Cardoso, en Diputados, es marcado como “esencial” para introducir la maniobra en esa cámara, firmando cheques, autorizando pagos y coordinando con otros imputados. Además habría recibido un porcentaje de la recaudación ilícita.

Luego, la Fiscalía mencionó a los que tomaban decisiones claves, en este punto se habla del condenado por corrupción Juan Pablo Aguilera. El cuñado del exgobernador Sergio Urribarri fue presentado con un rol “absolutamente destacado” y “preponderante”, decidiendo el “sí, el cuándo y el cuánto” de los contratos falsos, incluso cuando formalmente estaba asignado a otras áreas.

Se le reportaba la resolución de contratos truchos, manifestó la Fiscalía y recibía entregas de dinero y utilizaba a falsos contratistas para sus emprendimientos personales, como una imprenta.

También aparecen los reclutadores y cobradores: Hugo Rubén Mena y Flavia Marcela Beckman, más conocida como “Gringa”, quienes decidían inicialmente quiénes figurarían como contratados, basándose en la confianza, y posteriormente gestionaban la recaudación. Mena documentaba “absolutamente todo lo que le pedían” en cuadernos y planillas.

Además están, según los fiscales, los recolectores y enlaces. En ese escalafón ubican al expolicía Alejandro Almada y Roberto Ariel Faure. Almada habría actuado como recaudador de ambas cámaras y coordinado con Pérez. Faure, compartiendo estudio con Bilbao, era un “coordinador” que recolectaba valores y llevaba cheques y facturas.

Los fiscales señalan como colaborador y facilitador a José Javier Schneider. Se señala su intervención en “facilitar y compartir información” sobre los contratos falsos, intercambiando listados. Se le atribuye además, el “pleno conocimiento y dimensión” de los hechos y considerarse parte del “sistema”. Habría colaborado en el ocultamiento ante auditores del Tribunal de Cuentas y probablemente recibiría dinero por su actividad.

Para que la organización delictiva funcionara sin obstáculos, los fiscales destacaron que contaron con complicidad de bancarios. Según el MPF, empleados bancarios recibían “comisiones para ‘hacer la vista gorda'” ante el cobro masivo de cheques por parte de las mismas personas.

La fiscalía argumento que se determinó un “recorrido circular” para las listas de contratados: originadas en Beckman-Mena, pasaban a coordinadores Bilbao/Faure, al servicio contable o estudio contable, y al banco para la gestión de cuentas o valores.

Los valores cobrados eran recolectados, gestionados por el grupo Mena-Beckman por medio de personas de confianza, y con posterioridad entregado a los escalafones superiores. Se deducían gastos y comisiones (incluyendo pagos a personal bancario y administrativo para mantener su silencio), y el neto se distribuía entre los principales beneficiarios, en particular del escalafón jerárquico” y Orabona, hombre de negocios del actual diputado nacioanal Gustavo Bordet. Estos fondos se habrían destinado a inversiones, como propiedades y moneda extranjera, entre otros.

Los fiscales también presentaron evidencia de que la maniobra habría continuado operando incluso tras ser detectada, agregando intentos de entorpecer la investigación mediante la introducción de información falsa, la obtención de datos sobre la pesquisa (como entrevistas de testigos) y la supresión de comunicaciones, como mensajes de WhatsApp de Sergio Cardoso con su superior administrativo de ese momento, Sergio Urribarri.

La fiscalía mencionó además nuevos elementos de prueba, surgidos con posterioridad a la remisión a juicio, como una investigación iniciada en Concordia en 2024 que vincula a Mena y Beckman con la compra y fraccionamiento de loteos (gestionados por la hermana de Orabona, Luján Orabona que es escribana), tema tratado por este medio.

También se hizo referencia a un sumario administrativo en la legislatura cuya existencia fue desconocida hasta hace días atrás. Se estima que estos nuevos elementos serían ofrecidos como prueba en un eventual juicio.