La presentación judicial había sido realizada por la Sociedad Rural de Gualeguaychú, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), la Federación Entrerriana de Cooperativas Cooperativa Limitada, la Sociedad Rural Argentina, sumándose además varias firmas y productores agropecuarios.

De esta manera, la ordenanza conocida como “Glifosato Cero” quedó en una zona gris a nivel judicial, y dos posturas fueron puestas en debate durante la última sesión: la que expuso el oficialismo sobre la necesidad de obedecer la orden judicial que dictó inconstitucional la ordenanza y la de la priorización de la salud pública que puso de manifiesto la oposición.

“Lamento el clima en que se está tratando este proyecto de ordenanza porque nada se resuelve a los gritos”, señaló el presidente del bloque del oficialismo Jorge Roko en referencia al clima denso que se vivía en el recinto antes de argumentar su voto para la derogación de la norma.

“Hay un fallo judicial que ha tenido en cuenta pormenorizadamente todas las consideraciones para fallar sobre este punto específico. Estamos cumpliendo con la Justicia. Además acaba de promulgarse una ley provincial de cumplimiento obligatorio, una ley de fitosanitario que hace 44 años que no se modificaba y que tuvo participación de los representantes de todos los ciudadanos de la provincia de Entre Ríos y de todos los partidos políticos”, expresó haciendo referencia a la normativa que se trató en la Legislatura entrerriana y que contó con varios votos del PJ, como el del exintendente Juan José Bahillo.

Otro que defendió la derogación fue el edil Juan Pablo Castillo, quien destacó que la reciente Ley Provincial de Fitosanitarios brinda las herramientas para controlar el uso del agroquímico: “Esta norma no obliga a ponernos a controlar y que se aplique bien lo dispuesto por la Legislatura entrerriana. Creo que cuanto más se controla es mucho mejor porque cuando el Estado mira para otro lado se genera una ilegalidad. Lo que queremos es un poco de control. Orden y gestión”, destacó.

Mientras que la concejal del PJ María Sira Ghisi fue una de las que se pronunció en contra de la derogación y argumentó que esta acción atenta contra la salud pública: “Estamos discutiendo sobre cómo acompañar a una comunidad en políticas públicas de salud, y sobre todo que acompañen a las familias que luchan contra el cáncer. Acá en el recinto nos acompaña, entre otros, la familia de Antonella González (la niña de 9 años que en 2017 murió de leucemia), que con todo su dolor se puso al frente de esta lucha”, comenzó su alocución.

Y acotó: “No puedo más que repudiar esta derogación porque es un retroceso en Gualeguaychú. Repudio cualquier argumento que no ponga a la salud por arriba de los negocios. Vienen a borrar con el codo lo que el pueblo de Gualeguaychú escribió con la mano. No al cáncer, sí a la vida”.

Fue la edil de la oposición de Delfina Herlax la que apuntó contra la gestión Davico por no avanzar en la Justicia para mantener la norma vigente: “Hay que dejar bien en claro que el Gobierno Municipal a cargo de Mauricio Davico no apeló el rechazo que hizo la Justicia en la declaración de inconstitucionalidad de ese artículo 1º de la ordenanza de ‘Glifosato Cero’. No apeló, se rindió, no tuvo compromiso con la ciudadanía de Gualeguaychú de seguir en la lucha. Todo sabe que el glifosato no es inocuo, hace mal a la salud y él se rindió en el primer fallo. El no apelar denota cuál es su postura en relación a este tema con la salud”, apuntó.

La derogación fue aprobada con ocho votos a favor (siete del oficialismo y el de Marcelo Rodríguez de La Libertad Avanza) y cuatro en contra: tres del PJ (el edil Jorge Maradey estuvo ausente) y el de Mirta Sulzyk de La Libertad Avanza.