Interior
A cargo de la jueza Analía Ramponi

Destacan la labor del Juzgado Federal a un año de su apertura formal en Concordia

Este sábado 3 de junio se conmemora el primer aniversario de la inauguración oficial del Juzgado Federal en Concordia. En este marco, el intendente Enrique Cresto felicitó a la jueza federal Analía Ramponi por la labor desarrollada.

Este sábado 3 de junio se conmemora el primer aniversario de la inauguración oficial del Juzgado Federal en Concordia. En este marco, el intendente Enrique Cresto felicitó a la jueza federal Analía Ramponi por la labor desarrollada y destacó la importancia del trabajo articulado con la justicia para fortalecer las políticas públicas de seguridad y la lucha contra el delito.

El proceso que posibilitó la apertura del juzgado se inició varios años antes, recobrando impulso a partir de la decisión del intendente Cresto de ceder a la Justicia una parte del edificio municipal del ex Policlínico Ferroviario para la instalación de la sede judicial en Concordia, así como también por el compromiso puesto de manifiesto en estas gestiones por el gobernador Gustavo Bordet, los legisladores entrerrianos y los diferentes actores que intervinieron.

El año pasado, cuando se abrieron las nuevas oficinas, la doctora Ramponí expresó: “Fue un proceso largo donde nos han acompañado la Municipalidad, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Paraná. De otra forma no hubiera sido posible contar con este Juzgado”.

La jueza, en aquella fecha, manifestó también que “este Juzgado tuvo un proceso muy largo. La ley de creación 26.638 es del año 2010 de un proyecto de la por entonces senadora Laura Martínez Paz de Cresto. Después de doce años y medio es una realidad, que se hizo posible por el impulso que el Intendente y las autoridades correspondientes le dieron a esta iniciativa y por el trabajo conjunto que se realizó en pos de este objetivo”.

Balance positivo

A un año de abrir sus puertas, la labor del Juzgado Federal de Concordia, que cuenta con una Secretaría Penal y otra Civil, ha abarcado un significativo número de casos en ambas materias, incluyendo cuestiones sensibles como amparos de salud, causas previsionales, y delitos complejos y crimen organizado.

En el ámbito penal, la mayoría de los asuntos tramitados en este nuevo órgano versan sobre delitos graves y con implicancias trasnacionales, tales como narcotráfico, contrabando y trata de personas.

Como resultado de estos procesos, por dar ejemplos, se han realizado más de 60 detenciones efectivas y se han rescatado a más de 25 víctimas de trata.

Asimismo, se ha incautado una cantidad superior a 2.720 kilogramos de sustancias estupefacientes que serán próximamente incineradas en acto público y, también se procedió al secuestro de mercancías en infracción al régimen aduanero con un valor que asciende a más de doscientos cuarenta millones de pesos (240.000.000,00).

Entre otros hitos destacados, se llevó a cabo un juicio de extradición en el cual se ordenó entregar a la República Oriental del Uruguay a un ciudadano acusado de traficar drogas mediante el uso de aeronaves, como así también numerosos procedimientos de “entregas vigiladas” de drogas, aplicando técnicas especiales de investigación que derivaron en múltiples allanamientos y detenciones.

En la gestión diaria, el Juzgado ha demostrado, además, su disposición a adoptar enfoques innovadores para la resolución de conflictos y, en ese sentido, ha implementado mecanismos previstos por la ley penal que benefician tanto a las víctimas como a la justicia y la sociedad en general.

En efecto, han sido considerables las causas relativas a delitos de menor trascendencia, que se resolvieron a través de acuerdos de reparación integral del daño causado por el hecho ilícito.

Este mecanismo, expresamente previsto en el Código Penal, trae beneficios tanto para las víctimas de delitos como así también para la justicia y la sociedad, diluyendo conflictos con soluciones alternativas que permiten destinar recursos económicos a instituciones de bien público, en casos donde las penas privativas de la libertad, serían de ejecución condicional, es decir, que no llevarían en ningún supuesto a que el acusado deba cumplir una condena en forma efectiva.

En su labor, en el marco de articulaciones institucionales con Aduana ha logrado intensificar los controles y una mejora en los resultados de prevención; como así también ha propiciado la creación del Ente de Control de Drogas de Aduana en Hidrovía.

Por fuera de la actividad jurisdiccional, y en lo que se refiere a materia de capacitación y vinculación con otros organismos de la localidad, puede mencionarse la realización de una importante y concurrida jornada de capacitación realizada en conjunto con el Polo Educativo Científico Tecnológico Binacional de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande vinculada a los Delitos Complejos y el Crimen Organizado, con la exposición de distintos magistrados, funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad de distintas partes del país.

La Magistrada ha solicitado al Ministerio de Seguridad la creación de una Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales para el Escuadrón Concordia de la Gendarmería Nacional Argentina, lo que será de gran importancia para profundizar la lucha contra el crimen organizado.

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