Se trata de cabezas de ganado que se encuentran en inmuebles fiscales. “Eso es una irregularidad”, indicó el fiscal de Estado de Entre Ríos.
Entre Ríos tiene cerca de un millón y medio de sus hectáreas repartidas en zona de humedales e islas que componen el Delta. El Estado sólo tiene certificado que 190.000 de esas hectáreas son fiscales, sin embargo, el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes reconoció ante una audiencia en lo Contencioso Administrativo que hay muchas hectáreas más que aún no se han podido certificar.
De acuerdo al Fiscal de estado se detectaron “16.000 cabezas de ganado en inmuebles fiscales y eso es una irregularidad”. Y agregó que el entrecruzamiento sirvió “para actuar inmediatamente”.
Esta audiencia fue convocada por la Vocal Adriana Acevedo en el marco de un amparo presentado por el Foro Ecologista y la Asociación Civil por la Justicia Ambiental en donde exigen que el Estado brinde información pública sobre la propiedad pública y privada en la zona de los humedales entrerrianos. El amparo se presentó al no conseguir la información por la vía administrativa.
El fiscal de Estado habló con FM Universidad respecto a la audiencia del pasado 7 de octubre: “Fuimos con varios funcionarios y tratamos de establecer un programa para ver si podíamos satisfacer el pedido de información. No es sencillo, no hay una sistematización. No tenemos un programa estimativo, donde uno ponga el puntero frente al mapa en una pantalla y lo resolvamos de ese modo, es prácticamente un trabajo de cero”, indicó.
Rodríguez Signes afirmó que el pedido de información de los ambientalistas “invita” al gobierno a hacerlo “para contar con información, no sólo para entender lo que plantea la organización ambiental, sino que también para organizarnos nosotros”. “En lo que es la prevención de los incendios en el Delta todos coincidimos y no vamos a discutir sobre eso”, argumentó.
En la audiencia se entregó el resultado de otro pedido de informe, realizado por el periodista santafesino Juan Chiummiento, que le solicitó al Senasa el registro de las cabezas de ganado que están inscriptas en el organismo para producir en la zona del delta. Eso permite tener el dato de quienes están haciendo uso de gran parte de las hectáreas que están en manos privadas, pero también quienes están produciendo en tierras fiscales.
Para eso es necesario un entrecruzamiento de datos que hasta el momento no se había realizado. A raíz de esta audiencia de mediación en el marco del amparo ambiental, Fiscalía de Estado ya recibió los informes del Senasa y esto lo confirmó el propio Rodríguez Signes: “Ya se está entrecruzando los datos con Senasa. Estuvimos viendo que hay terrenos inmuebles fiscales que están ocupados con ganado sin pagar canon ni permiso correspondiente. Inmediatamente adoptamos la decisión que se labren las actas, se hagan las denuncias”, finalizó.
