Bajo ese escenario, los miembros paritarios del Consejo General de Educación solicitaron se declare la ilegalidad del paro en virtud de haberse tratado de un “ejercicio abusivo” y encontrarse la misma en “flagrante contradicción” con el principio de buena fe (Art. 6 de la Ley 9624), que impera en el marco de las negociaciones salariales, "máxime si se encuentran abiertas”.

¿Coacción al Estado provincial?

Y argumentan que las Asociaciones Sindicales, “de manera intempestiva e infundada”, lejos de respetar lo establecido por la ley y encontrándose la negociación abierta, decidieron tomar medidas de acción directa (paro docente), dejando sin clases a una gran cantidad de niños y niñas, con el fin de “coaccionar al Estado Provincial para que realice una propuesta salarial inmediata o se viera forzado a aceptar los petitorios planteados”.

Por otro lado, en el escrito se mencionó que el ejercicio del derecho a huelga puede ocasionar riesgos o perjuicios para el interés público o general de la sociedad, por lo que “el Estado como personificación y garante de esos intereses, tiene la responsabilidad de intervenir y fijar un límite al mismo, en salvaguarda de la comunidad o de los principios e instituciones básicas que rigen su existencia como tal”.

Para cerrar, ratificaron la voluntad política de “diálogo permanente con todas las asociaciones sindicales docentes de la provincia” y la necesidad de que se lleve a cabo la audiencia de conciliación fijada para el martes 16 de abril, en la que se aprovechará para continuar con las negociaciones paritarias iniciadas en el presente año.