La presentación de la iniciativa ya había sido adelantada por el ministro de Economía, Hugo Ballay, a la Mesa de Enlace en una reunión que mantuvieron a comienzos de septiembre.

La implementación de una nueva regulación en el uso de agroquímicos viene frenada en la provincia debido a desacuerdos entre sectores rurales y ambientalistas en los que el Gobierno no ha podido mediar.

La iniciativa -que ingresó a la Cámara de Diputados este miércoles- tiene como fin “la protección y conservación de la salud, de un ambiente sano y equilibrado y de la producción agropecuaria, mediante la utilización de las buenas prácticas, a través de la correcta y racional utilización de productos fitosanitarios y domisanitarios que aseguren la calidad e inocuidad de los alimentos y materias primas tanto de origen vegetal como animal, como, asimismo, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la producción”.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que deberá garantizar “la intervención” de la Secretaría de Ambiente.

Después de definir una serie de conceptos como Bienes y Servicios naturales Comunes, Buenas Prácticas Agropecuarias, Productos Fitosanitarios, Cultivo Intensivo, etc, la iniciativa dispone la creación de un Registro de Importadores, de elaboradores, de formuladores y de fraccionadores de fitosanitarios, otro de expendedores de fitosanitarios, y uno que nuclee a los aplicadores, entre otros.

Zonas y distancias

El proyecto dispone que en las aplicaciones de productos fitosanitarios se distinguen ciertas zonas: la Zona de Exclusión, donde hay restricción absoluta para las aplicaciones de productos fitosanitarios de síntesis química, la Zona de Amortiguamiento, donde solo se podrán aplicar algunos productos fitosanitarios de forma condicionada y la Zona de Libre Aplicación, donde no existirán restricciones para el uso de productos fitosanitarios.