La facilitación del otorgamiento del Servicio de Seguridad de ENERSA a la empresa de los hermanos Tórtul, implica a Gustavo Bordet, ya que es quién firmó el decreto que habilitó a la empresa creada por los Tórtul en tiempo express, cuando el proceso real lleva casi un año, además de tener que presentar y demostrar antecedentes, cosa que en este caso no se exigió.

Directamente, la empresa de los Tórtul se presentó en la licitación por el servicio de seguridad de ENERSA y ganó, a pesar de las impugnaciones que la otra empresa que se presentó en tiempo y forma.

La Jueza federal Arroyo Salgado, quien lleva adelante la investigación por las posibles “coimas”, abonadas por directivos de una empresa de seguridad a funcionarios de la provincia, tendría en su poder conversaciones telefónicas y mails del Ex Síndico Laporte, con específicas instrucciones a los hermanos Tórtul para hacerse de la concesión del servicio de seguridad de Enersa, las derivaciones de la trama rozarían al mismísimo Bordet junto a otros funcionarios de alto rango durante su gestión.

Cabe señalar que tres directivos de Enersa ya declararon ante la jueza "vía Zoom", estarían sospechados de "Inclumplimiento de Deberes de Funcionarios Públicos", no fueron detenidos ni trasladados como ocurrió los hermanos Tórtul, que el martes 16 fueron arrestados en Paraná y llevados al edificio Centinela de Gendarmería Nacional en Capital Federal, para ser indagados.

De los tres directivos de la empresa distribuidora de energía en la provincia, el más comprometido es el gerente Alejandro Cis, quien fuera Gerente de Logística hasta que se jubiló. Además, declararon el abogado Marcelo Morales, Gerente de Asuntos Legales de Enersa, hijo del ex procurador general Héctor Daniel Morales, y el Ingeniero Juan Carlos Pimentel.

De los funcionarios del Poder Ejecutivo de la gestión anterior involucrados en la causa, el más complicado es el fallecido José Ignacio Laporte, hombre de confianza de Bordet, que era Secretario Legal y Técnico del Gobierno provincial, y que además recibía pagos por ser Síndico de Enersa. Trascendió que existirían mails y escuchas telefónicas entre Laporte y los hermanos Tórtul con indicaciones sobre la cumplimentación de requisitos de papeleo y formalismos para que pueda ser habilitada su empresa y participar de una licitación que tendrían ganada de antemano, de este modo la jueza busca encontrar la posible comisión de un delito, siendo este el pago de empresario a funcionarios de la provincia.

Los otros integrantes del gobierno anterior que podrían estar implicados son el ex ministro de Economía, Hugo Ballay, al Fiscal de Estado, Julio César Rodríguez Signes. Ambos serían partícipes necesarios, ya que estarían al tanto de todo lo referente a la concesión del Servicio de Seguridad de Enersa, ya que los dos funcionarios, al igual que Laporte, además de recibir haberes por sus cargos en el gobierno, también formaban parte de las autoridades de la empresa. Ballay era Director, cargo por el que también percibía un sueldo, y Rodríguez Signes era Síndico.

Cabe señalar que la “facilitación” del otorgamiento del Servicio de Seguridad de Enersa a la empresa de los hermanos Tórtul, implicaría además a Gustavo Bordet (ex gobernador de la provincia), ya que es quién firmó el decreto que habilitó a la empresa creada por los Tórtul en "tiempo récord", cuando el proceso real lleva casi un año, además de tener que presentar y demostrar antecedentes, cosa que en este caso tampoco se exigió.

La denuncia ante la jueza de San Isidro, por el posible pago de sobornos realizados por directivos de la empresa de Seguridad Securitas se inicia en 2020, por una denuncia realizada por la misma empresa, que en momentos estaba en manos de capitales suecos. Entre esos directivos se encuentran los hermanos Tórtul, que habían vendido su empresa de seguridad, llamada El Guardián, a SECURITAS, pero fueron mantenidos en sus puestos para que la administren. Tras la venta, los hermanos Tortul forman dos empresas, Segar Seguridad SA, y Tornell SA, junto con Daniel Eduardo Carbonell (Tornell=Tortul+Carbonell). Sandra Arroyo Salgado entiende que ambas empresas eran fantasmas que se utilizaban únicamente con el fin de pago de coimas.

La empresa de seguridad privada Securitas reconoció ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otros, para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Incluso abonó por izquierda para que le agilicen trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones.

La preocupación por las derivaciones que podría generar una investigación fuera del ámbito judicial entrerriano, por parte de funcionarios públicos, ex y actuales, es infinita. Lo investigado hasta el momento apuntan a que muchos estaban al tanto de los sobornos, que en definitiva es dinero de entrerrianos y entrerrianas, ya que estos pseudo empresarios usan el dinero que reciben del Estado en forma de sobreprecio, para pagar los acuerdos monetarios de las coimas.