La Justicia define si los acusados cumplirán prisión preventiva en la cárcel o en sus viviendas
El pasado 22 de julio, el juez Ricardo Bonazzola, dispuso la prisión preventiva domiciliaria con tobilleras y por 45 días, a los acusados por el “homicidio agravado” de Gonzalo Calleja. De esta forma, Alberto Enrique Osuna, Ezequiel David Morato, Iván Elías Garay y Ramiro Gabriel Colman, fueron alojados en la Unidad Penal Número 1, hasta que se consiguieran los dispositivos electrónicos que en ese momento no estaban disponibles en la provincia.
Sin embargo, el fiscal de la causa, Santiago Alfieri, solicitó la revocatoria de la prisión preventiva domiciliaria, para que los sujetos sean alojados en la cárcel, por el lapso que dispuso el juez.
En base a las declaraciones de los testigos entrevistados por la Fiscalía, el fiscal señaló oportunamente que “existe peligro de fuga” y acotó que “existen motivos para que decidan no mantenerse ante la justicia ante la pena en expectativa”.
Las defensas de los cuatro acusados se opusieron al pedido del fiscal y brindaron sus argumentos. Tras la exposición del fiscal y de las cuatro defensas, el vocal determinó un cuarto intermedio. La audiencia se retomó el mediodía de este viernes con la exposición del juez Rafael Cotorruelo.
“El fiscal pudo construir ese piso mínimo de elementos suficientes y lo hizo de manera racional, por lo que el magistrado (juez de Garantías, Ricardo Bonazzola) tomó esta argumentación y la hizo propia”, explicó el juez Rafael Cotorruelo en la audiencia que había pasado ayer a cuarto intermedio, luego que el fiscal Santiago Alfieri, apelara la resolución de Bonazzola, sobre la prisión preventiva domiciliaria con tobilleras para los cuatros acusados.
“Por lo tanto, en la existencia del hecho y la vinculación de los sujetos, la resolución del magistrado, no posee los vicios que las defensas expusieron al fundar sus recursos”, precisó Cotorruelo.
“Los nuevos elementos aportados por la Fiscalía deben ser ponderados”, consideró el juez y añadió que “los elementos sostienen la vinculación de los acusados y es legítimo que sean tenidos en cuenta”, concluyó.
