La facilitación del otorgamiento del Servicio de Seguridad de ENERSA a la empresa de los hermanos Tortul, implica a Gustavo Bordet, ya que es quién firmó el Decreto que habilitó a la empresa creada por los Tortul en tiempo exprés, cuando el proceso real lleva casi un año, además de tener que presentar y demostrar antecedentes, cosa que en este caso no se exigió.

Directamente la empresa de los Tortul se presentó en la licitación por el servicio de seguridad de ENERSA y ganó, a pesar de las impugnaciones que la otra empresa que se presentó en tiempo y forma.

La Jueza federal Arroyo Salgado, quien lleva adelante la investigación por las posibles "coimas", abonadas por directivos de una empresa de seguridad a funcionarios de la provincia, tendría en su poder conversaciones telefónicas y mails del ex síndico Laporte, con específicas instrucciones a los hermanos Tortul para hacerse de la concesión del servicio de seguridad de Enersa, las derivaciones de la trama rozarían al mismísimo Bordet junto a otros funcionarios de alto rango durante su gestión.

Cabe señalar que tres directivos de Enersa ya declararon ante la jueza "vía Zoom", estarían sospechados de "Incumplimiento de Deberes de Funcionarios Públicos", no fueron detenidos ni trasladados como ocurrió los hermanos Tortul, que el martes 16 fueron arrestados en Paraná y llevados al edificio Centinela de Gendarmería Nacional en Capital Federal, para ser indagados.

De los tres directivos de la empresa distribuidora de energía en la provincia, el más comprometido es el gerente Alejandro Cis, quien fuera Gerente de Logística hasta que se jubiló. Además declararon el abogado Marcelo Morales, Gerente de Asuntos Legales de Enersa, hijo del ex procurador general Héctor Daniel Morales, y el ingeniero Juan Carlos Pimentel.

De los funcionarios del Poder Ejecutivo de la gestión anterior involucrados en la causa, el más complicado es el fallecido José Ignacio Laporte, hombre de confianza de Bordet, que era Secretario Legal y Técnico del Gobierno Provincial, y que además recibía pagos por ser síndico de Enersa. Trascendió que existirían mails y escuchas telefónicas entre Laporte y los hermanos Tortul con indicaciones sobre la cumplimentación de requisitos de papeleo y formalismos para que pueda ser habilitada su empresa y participar de una licitación que tendrían ganada de antemano, de este modo la jueza busca encontrar la posible comisión de un delito, siendo este el pago de empresario a funcionarios de la provincia.

Los otros integrantes del gobierno anterior que podrían estar implicados son el ex ministro de Economía, Hugo Ballay, el Fiscal de Estado, Julio César Rodríguez Signes. Ambos serían partícipes necesarios ya que estarían al tanto de todo lo referente a la concesión del Servicio de Seguridad de Enersa, ya que los dos funcionarios, al igual que Laporte, además de recibir haberes por sus cargos en el Gobierno, también formaban parte de las autoridades de la empresa. Ballay era Director, cargo por el que también percibía un sueldo, y Rodríguez Signes era síndico.

La denuncia ante la jueza de San Isidro, por el posible pago de sobornos realizados por directivos de la empresa de Seguridad Securitas se inicia en 2020, por una denuncia realizada por la misma empresa, que en se momentos estaba en manos de capitales suecos. Entre esos directivos se encuentran los hermanos Tortul, que habían vendido su empresa de seguridad, llamada El Guardián, a SECURITAS, pero fueron mantenidos en sus puestos para que la administren. Tras la venta, los hermanos Tortul forman dos empresas, Segar Seguridad SA, y Tornell SA, junto con Daniel Eduardo Carbonell (Tornell= Tortul+Carbonell). Sandra Arroyo Salgado entiende que ambas empresas eran fantasmas que se utilizaban únicamente con el fin de pago de coimas.

La empresa de seguridad privada Securitas reconoció ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otros, para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Incluso abonó por izquierda para que le agilicen trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones.

La preocupación por las derivaciones que podría generar una investigación fuera del ámbito judicial entrerriano, por parte de funcionarios públicos, ex y actuales, es infinita. Lo investigado hasta el momento apuntan a que muchos estaban al tanto de los sobornos, que en definitiva es dinero de entrerrianos y entrerrianas, ya que estos seudos empresarios usan el dinero que reciben del Estado en forma de sobreprecio, para pagar los acuerdos monetarios de las coimas.

Tras los acontecimientos judiciales que involucra a la empresa Tornell de los hermanos Claudio Raúl Tortul y Marcelo Javier Tortul y Daniel Eduardo Carbonell no se sabe si seguirá brindando el servicio de seguridad para Enersa.

Ocurre que para el Gobierno luego de lo ocurrido recientemente, cuando el Juzgado Federal 1 de San Isidro solicitó a la compañía determinada información de las empresas que prestaron servicios de seguridad durante los años 2016 a 2019, se produjo un hecho que modificó la situación vigente y producto de ello la compañía distribuidora de energía en Entre Río, evalúa la discontinuidad de los servicios.

Las medidas judiciales que incluyó la detención y posterior traslado a Buenos Aires de los hermanos Tortul, generó más efectos colaterales, a mediados de la semana Enersa tomó la decisión de apartar de sus funciones, hasta que no se esclarezca el hecho, a dos de sus empleados y, paralelamente, se abrirá una investigación interna de los hechos ocurridos durante esos primeros cuatro años en que transitó la gestión de Gustavo Bordet.

En la causa se investiga el delito de lavado de activos y pago de coimas, entre otros. En la empresa de energía aseguraron que los episodios de la semana pasada generó un importante daño a la imagen de la compañía.

La nueva gestión había prorrogado el contrato, aunque en condiciones económicas más favorables para el Estado respecto a la eficiencia y una mayor optimización de los recursos. La cantidad de horas se habían reducido en un 10 por ciento para los primeros tres meses y a partir del cuarto mes la reducción era del 15 por ciento.

A mitad de año finaliza el contrato de la empresa de seguridad, pero los Ceos de la empresa de seguridad habían logrado que se incorpore en la licitación un artículo que permitía prorrogar por dos años más la contratación a cambio de una rebaja en la hora de seguridad. Todo eso quedó en letra muerta, tras los acontecimientos sucedidos.

La causa judicial que involucra a los hermanos generará otros cimbronazos y/o novedades, seguramente, se desconoce por estos días hasta dónde llegará la investigación judicial llevada a cabo desde San Isidro, y hay gran preocupación entre los funcionarios de la gestión anterior. ¿La jueza Arroyo Salgado logrará lo que la justicia local no? El paso de los días nos dará la respuesta.