Nuevas publicaciones periodísticas y reconstrucciones críticas sostienen que aquel esquema no solo no fue desarticulado por completo, sino que habría encontrado formas de adaptación y continuidad en los años posteriores.

Una reciente nota reavivó el debate al plantear que durante la presidencia de Laura Stratta en el Senado entrerriano no se produjo una depuración estructural del sistema administrativo cuestionado.

Por el contrario, según esa publicación, el volumen de contrataciones habría crecido de manera significativa, en paralelo a la permanencia de actores vinculados a etapas anteriores.

El punto no es menor. Si esas afirmaciones fueran ciertas, el problema dejaría de ser un caso de descontrol administrativo para consolidarse como un mecanismo más profundo: una estructura de funcionamiento político basada en contratos, recursos y lealtades.

Una causa judicial que la justicia entrerriana no quiere o no logra resolver

La causa de los contratos irregulares en el Senado de Entre Ríos saltó a la luz en 2018, cuando la Justicia provincial comenzó a investigar un entramado de contrataciones realizadas sin justificación adecuada, con procedimientos de contratación que no respetaban las normativas legales y, en algunos casos, beneficiando a personas vinculadas directamente al poder político de la provincia.

Entre los hechos más denunciados, se habla de contrataciones de personal sin la debida documentación, contratos con montos elevados que no tenían un fundamento claro, y la utilización de fondos públicos para pagar servicios y trabajos que no fueron realmente prestados o no cumplían con los requisitos mínimos exigidos por la ley.

Hasta el momento, la causa ha generado una serie de imputaciones en contra de varios exfuncionarios y empleados administrativos, aunque no todos han llegado a juicio o enfrentan cargos directamente relacionados con los “contratos truchos”.

Entre los involucrados, se encuentra un grupo de exlegisladores y funcionarios del Senado entrerriano que habrían participado activamente en el diseño y ejecución de estos contratos, en lo que se califica como un esquema de financiamiento de estructuras políticas a través de fondos públicos.

El impacto de la causa en el Senado fue considerable, ya que varios de los involucrados eran miembros de la cúpula política que manejaba la Legislatura, lo que incrementó las sospechas de un “blindaje” político que impedía la profundización de la investigación.

Sin embargo, en la actualidad, algunos de estos personajes siguen estando presentes en la política local, lo que genera dudas sobre el alcance real de la depuración del sistema administrativo.

Dentro de ese entramado, distintas versiones también ubican a figuras del ámbito administrativo como piezas clave en el funcionamiento cotidiano del sistema legislativo, que habría permitido el mal uso de los contratos en el Senado.

En ese marco, se menciona a Leonardo “Nano” Centurión y a su esposa Fabiola Soraya Claret como parte fundamental en áreas vinculadas a la gestión interna del Senado.

Sin embargo, más allá de esas menciones, no existe información pública concluyente ni resoluciones judiciales firmes que acrediten responsabilidades individuales en maniobras ilegales, lo que obliga a tratar estos señalamientos con cautela.

Aun así, su aparición recurrente en versiones y reconstrucciones políticas refleja un clima de sospecha que excede a nombres propios y apunta al funcionamiento general de la estructura.

El discurso previsional bajo tensión

A este escenario se suma otro frente de cuestionamientos, se trata del debate sobre la Caja de Jubilaciones provincial. Allí, las críticas apuntan a una supuesta contradicción entre el discurso político y ciertas prácticas denunciadas públicamente.

Laura Stratta ha defendido en reiteradas ocasiones la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema previsional sin afectar derechos. Sin embargo, voces críticas señalan que ese planteo pierde consistencia cuando se lo confronta con denuncias (no resueltas judicialmente) sobre beneficios previsionales otorgados en condiciones irregulares dentro del propio entorno del poder político.

Uno de los puntos más controversiales en la administración de Laura Stratta, particularmente en lo que respecta a la Caja de Jubilaciones, involucra un caso de pensión irregular otorgado a su madre, María Alcira Liprandi.

Según denuncias presentadas en diversos medios, se habría utilizado un procedimiento cuestionado para otorgar a la madre de Stratta una pensión provincial que no cumplía con los requisitos establecidos por la ley.

Se sostiene que el beneficio fue conseguido mediante una combinación de moratoria previsional, aportes mínimos y un trato preferencial dentro de los circuitos administrativos del Estado.

Esta maniobra, según las denuncias, habría sido facilitada por la influencia política de Stratta y se presentaría como un ejemplo claro de cómo el poder político puede acceder a beneficios excepcionales que están fuera del alcance de cualquier ciudadano común.

Este tipo de irregularidades, que no han sido aclaradas hasta la fecha, alimenta la percepción de que el sistema previsional no solo está debilitado por su propio déficit, sino también por la falta de transparencia y las concesiones de privilegios a figuras cercanas al poder.

El problema de fondo: confianza y legitimidad

El verdadero daño de este tipo de situaciones no es solo económico. Es institucional. Cada denuncia no aclarada, cada silencio político y cada falta de transparencia erosionan la confianza pública en las instituciones.

Porque cuando el Estado aparece como un espacio donde conviven reglas formales con circuitos informales de privilegio, la legitimidad del sistema se debilita.

Y en ese terreno, los discursos sobre sostenibilidad, derechos o responsabilidad fiscal pierden fuerza frente a una ciudadanía que percibe desigualdad en el acceso a esos mismos principios.