La causa que investiga al exsenador Edgardo Kueider entró en una nueva etapa judicial: la jueza federal Sandra Arroyo Salgado resolvió elevar parcialmente a juicio el expediente que describe una compleja estructura de lavado de activos, integrada por empresarios, contadores y sociedades comerciales que habrían operado como engranajes de una operatoria sostenida en el tiempo.

La resolución, firmada en los tribunales federales de San Isidro, no solo da por concluida la instrucción sino que valida el núcleo de la acusación: la existencia de un circuito diseñado para insertar en la economía formal dinero de presunto origen ilegal mediante maniobras financieras, inmobiliarias y contables.

Inmuebles, empresas y dinero en circulación

Según la reconstrucción judicial, el mecanismo no fue improvisado. La investigación sostiene que el grupo utilizó sociedades comerciales como pantalla, operaciones inmobiliarias de alto valor y movimientos bancarios para disimular el origen de los fondos.

Uno de los puntos centrales es la firma BETAIL S.A., a través de la cual se habrían adquirido departamentos en Paraná. Para la fiscalía, estas operaciones formaban parte de una estrategia de “estratificación” del dinero: múltiples transacciones destinadas a dificultar su trazabilidad.

A esto se suman préstamos presuntamente simulados, balances adulterados y circulación de dinero en efectivo, elementos que, en conjunto, apuntan a construir una apariencia de legalidad sobre fondos sospechados de provenir de delitos previos.

El engranaje técnico del presunto lavado

La elevación a juicio alcanza a seis personas señaladas como piezas clave del esquema:

José Carlos Nogueras, contador y empresario
Ernesto Javier Rubén
Rodolfo Daniel González
Adriana Cecilia Crucitta, abogada
Gabriela Patricia Saint Pierre
Débora María Ferreyra, empleada administrativa

De acuerdo a la acusación, no se trata de roles menores: varios de ellos habrían intervenido en la ingeniería contable, la creación de sociedades y la circulación del dinero, elementos esenciales para sostener la operatoria.

En paralelo, también serán juzgadas personas jurídicas, entre ellas NOPOR Service S.A., LECTUS S.A., Vía SNP Logística S.A., Felsir Biotecnología S.R.L. y Vijusa Industrial Argentina S.A., consideradas parte del circuito utilizado para canalizar los fondos.

Kueider del Senado a los tribunales

Aunque no forma parte de esta elevación parcial, la figura de Edgardo Kueider atraviesa toda la causa. El exsenador fue previamente desplazado de su cargo tras el escándalo por el ingreso de dinero no declarado a Paraguay, episodio que derivó en un proceso judicial en ese país.

Ese hecho —donde se secuestraron más de 200.000 dólares en efectivo junto a otras sumas en distintas monedas— aparece en el expediente argentino como un elemento que refuerza las sospechas sobre el origen de los fondos.

Además, la Justicia paraguaya aún debe resolver el pedido de extradición tanto de Kueider como de su secretaria, en el marco de una investigación paralela por contrabando de divisas.

El delito precedente: contratos, energía y pagos indebidos

Uno de los aspectos más sensibles del caso es la posible conexión con pagos indebidos a funcionarios vinculados al sector energético, particularmente en torno a la empresa estatal ENERSA.

La hipótesis judicial sostiene que esos pagos podrían constituir el delito precedente del lavado: es decir, el origen ilícito del dinero que luego habría sido blanqueado mediante el entramado societario.

En ese sentido, la causa también se conecta con otras investigaciones en curso, incluyendo expedientes vinculados al manejo de contratos y a la distribución de pauta publicitaria.

El expediente se apoya en un volumen significativo de pruebas, entre ellas: documentación contable secuestrada en allanamientos, pericias sobre movimientos financieros, registros audiovisuales donde se observaría manipulación de grandes sumas de dinero e informes bancarios y societarios

Para la jueza, estos elementos permiten sostener que existió una operatoria coordinada para “colocar en circulación dinero de origen ilícito y ocultar su procedencia”.

El frente político: vínculos y continuidades

Mientras avanza la causa judicial, el caso también proyecta efectos en el plano político entrerriano. Figuras vinculadas al exsenador continúan ocupando cargos públicos, lo que alimenta cuestionamientos sobre las redes de poder que sobreviven al escándalo.

La permanencia de dirigentes cercanos a Kueider en organismos estatales y estructuras partidarias abre interrogantes sobre el alcance real de la investigación y sus consecuencias políticas.

El expediente quedó ahora en manos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 5 de San Martín, que tendrá la tarea de juzgar a los acusados y determinar si existió el esquema de lavado descripto por la fiscalía.

El juicio promete exponer en detalle el funcionamiento interno de una estructura que, según la acusación, combinó negocios privados, vínculos políticos y herramientas legales para legitimar dinero de origen ilícito.

La causa Kueider entra así en su fase más decisiva. Y con ella, la posibilidad de que un entramado hasta ahora reconstruido en expedientes judiciales se transforme en un caso testigo sobre corrupción, poder y dinero en la política argentina.