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Paraná: arde el debate del proyecto por las elevadas multas a fiestas clandestinas

La ordenanza en cuestión estipula severos cargos, los cuales oscilan entre los 269 mil y los 2 millones 243 mil pesos.

El Concejo Deliberante de Paraná busca aprobar una medida que aplique fuertes multas la realización de fiestas clandestinas durante la pandemia del Covid-19. El proyecto de ordenanza, impulsado por los ediles integrantes del Frente Justicialista Creer fue girado a Comisión para su estudio e intento de debate.

La iniciativa del proyecto de ordenanza ingresó a tratamiento en la sesión de este jueves a la mañana y obtuvo el visto bueno para continuar el debate en Comisiones. Sin embargo, ya las rispideces comenzaron a visualizarse con el conformar del tiempo.

Esta contempla severas multas, que oscilan entre los 269 mil y los 2 millones 243 mil pesos, para las reuniones sociales que se lleven a cabo en la capital, violando las restricciones establecidas en el marco de la pandemia. Añade, además, la clausura del local donde se realicen las referidas fiestas clandestinas.

La autoría del proyecto se la llevan los ediles Luisina Minni, Sergio Elizar, Fernanda Facello Geréz, Ana Ruberto, Sergio David Cáceres, Marta Susana Farías, Sergio Granetto y Claro Núñez. Del cual se fundamenta: “con estas medidas el Estado busca proteger a todas y todos de la propagación del virus de forma acelerada, cuidando que las Unidades de Terapia Intensiva de la ciudad de Paraná no colapsen”.

En la misma línea, la medida propuesta alcanza a “las personas humanas y jurídicas, responsables de organizar, promocionar, realizar, prestar servicios y concurrir a reuniones, encuentros, fiestas o cualquier evento familiar que no cuente con la debida autorización, cuando correspondiere, o en la que no se respeten los límites reglamentarios impuestos durante la pandemia y se realicen en violación a las restricciones dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal, en lo que respecta a reunión de personas”.

Las multas previamente consignadas se incrementarán en un 30 por ciento para aquellos casos en que la infracción sea cometida por funcionarias o funcionarios públicos, cualquiera sea su rango o jerarquía.

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