Este miércoles y jueves a partir de las 9 se llevarán a cabo las dúplicas de los abogados defensores del ex gobernador. Las audiencias serán ante el juez de Garantías Julián Carlos Vergara.

Una vez culminada esta etapa, el magistrado será el encargado de decidir si se remite o no el legajo a juicio. Si Vergara se inclina por elevar el expediente a debate, este será el segundo juicio de importancia que enfrentará Urribarri.

El ex gobernador, ya fue condenado a 8 años de cárcel en 2022 en el marco del Megajuicio. En esta causa afronta un pedido de pena de 10 años de prisión. En la actualidad, se encuentra alojado en la Unidad Penal Número 1 cumpliendo arresto preventivo porque, de acuerdo a la fiscalía, existen peligros latentes de fuga.

El debate en Tribunales se inició a principios de año. En cada audiencia aparece un pedido nuevo de las partes. Pero, más allá de Urribarri y Cardona Herrero aparecen en la lista de acusados otros ex funcionarios, como Luis Alfonso Erbes, exsecretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia; Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo; Miguel Ulrich, exdirector general de Ajustes y Liquidaciones; Carlos Haidar, exdirector de Informática; y José Humberto Flores, exsecretario de Hacienda.

Durante el proceso estuvieron investigados además, exempleados ejecutivos de las empresas contratistas que dirigió Cardona Herreros: Alfonso Campitelli, Miriam Fessia, Jorge Zanabone y Guillermo Linares. Todos ellos acordaron suspensiones de juicio a prueba.

De acuerdo a la investigación de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, el empresario Diego Armando Cardona Herrero, quien como accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, se habría visto beneficiado con la contratación para desarrollar e implementar un sistema de software para la Administración Pública Provincial de Entre Ríos, a partir de “una estrecha relación de amistad” con el exmandatario provincial. Las coimas que se habrían pagado, según la fiscalía, son millonarias. Estas supuestas dádivas habrían beneficiado a Urribarri y su familia y al grupo de funcionarios cuestionados.

Los fiscales argumentan que, además de interesar contrataciones millonarias, los funcionarios públicos anticiparon información sensible para ajustar los pliegos de licitación y conceder el beneficio al empresario. Esas contrataciones, siempre siguiendo la hipótesis acusatoria, supusieron sobreprecios y el retorno de dinero, bienes y servicios tanto para los funcionarios políticos como para los empresarios.

Cardona Herreros, además de ser el titular de las empresas adjudicatarias de varias licitaciones analizadas, resultó ser quien administraba el dinero de los funcionarios públicos, y ponía a disposición la estructura de sus empresas, a efectos de gestionar asuntos vinculados directamente a aspectos personales de cada uno de ellos.

Los fiscales lograron la evidencia suficiente que prueba la acusación. Indican que para la causa se analizaron miles de datos virtuales de computadoras y teléfonos celulares, además de secuestrar otros elementos en los allanamientos.

De la audiencia participaron los abogados Cullen, Ignacio Díaz, Franco Azziani Cánepa, Gaspar Reca, Andrés Bacigalupo, Leopoldo Lambruschini, Julio Federik, Candelario Pérez, Juan Antonio Méndez, Fernando Burlando y Javier Baños.