Lo acompañaron los codefensores, Candelario Pérez y Juan Méndez. El reconocido abogado explicó que ya había presentado su renuncia momentos antes, siguiendo los pasos administrativos, y agregó que la comunicación a Sergio Urribarri fue efectivizada en un “marco de mucha cordialidad”.

Lambruchini solicitó el sobreseimiento de Flores porque, señaló, Fiscalía no logró alcanzar con el grado de probabilidad que la etapa requiere que su asistido haya desempeñado los roles que se le endilgan por su presunta participación en dos de los seis hechos que se investigan en esta causa. Indicó que el sobreseimiento no requiere certeza negativa de la comisión del hecho atribuido y basta con la falta de mérito de la acusación.

El defensor expresó que, en sentido contrario a lo que sostiene la acusación, su asistido no tenía una relación cercana con el ex gobernador Urribarri, no era un hombre de confianza de aquel, e incluso sostuvo que se jubiló antes del comienzo de la investigación y volvió a la función pública en 2003 a pedido del entonces gobernador Busti, que lo convocó por sus conocimientos técnicos a formar parte de la Secretaría de Hacienda y acotó que el mismo Busti le solicitó, al término de su mandato, que siga en el cargo, al que renunció mucho antes de los hechos investigados, cuando según la acusación se empezarían a ver los frutos de los presuntos ilícitos.

Lambruschini sostuvo que el sistema de software cuya licitación y adjudicación es el eje de la acusación, fue propuesto en distintas provincias a partir de directivas de la Nación y se presentaron varias empresas. Además manifestó que Flores no tuvo ningún control sobre la licitación y su posterior adjudicación. En este sentido, sostuvo que “no fue Flores el que dispuso la licitación fue el gobernador, y las reuniones previas no eran ilícitas, por el contrario, eran institucionales”.

El defensor también manifestó, sobre la hipótesis de Fiscalía respecto a que Flores conocía las negociaciones entre Urribarri y el titular de la firma investigada, Relevamientos Catastrales SA, propiedad del empresario paraguayo imputado, Diego Armando Cardona Herrero, en “una hipótesis sin correlato probatorio, al menos en el caso de Flores”, y cuestionó que Fiscalía use en términos cargosos un informe técnico contable llevado a cabo por el propio Ministerio Público Fiscal, cuando en realidad, según su opinión, revela que Flores no tuvo participación alguna. Incluso precisó que aquel informe “lejos de acreditar la participación de Flores, lo que hace es desmentirla”. Lambruchini sostuvo que Fiscalía incurre en “contradicciones” entre los hechos endilgados y la prueba, que hacen “insalvable” la acusación.

Flores está acusado de que “con pleno conocimiento de las negociaciones desarrolladas por Sergio Daniel Urribarri, gobernador de la provincia, y Diego Armando Cardona Herreros, accionista y presidente de la empresa Relevamientos Catastrales SA, tendientes a favorecer a esta última por medio de la realización de contrataciones de software para la Administración Pública Provincial, intervino cumpliendo funciones propias de su ámbito de competencia, en el procedimiento de Licitación Pública 52 01/08, tramitada en el expediente administrativo N° 757.998, iniciado el 31 de enero de 2008 y en su adenda de 8 meses, tramitada bajo el expediente administrativo Nº 1.058.334 iniciado el 26 de enero de 2010”.

Sobre la adenda, la defensa sostuvo que Flores no tuvo intervención y expresó que “el hecho de pedir información no puede ser tomado como que le dio continuidad” al pedido de prórroga.