La acción judicial fue iniciada por la Sra A.M. con el patrocinio letrado de Maite Churruarin y Damián Ibarra y promovió formal demanda por violencia laboral en los términos de la Ley 26485, finalmente el 7 de junio, se dictaminó la sentencia favorable a la denunciante.

Fernando Cañete conjuntamente con los demás denunciados deberán recibir capacitación en materia de violencia en el ámbito laboral y prácticas discriminatorias fundadas en razón del género y otros motivos discriminatorios.

Tras el debate judicial y el revés para los directivos del Iosper, la mujer deberá ser reincorporada a sus tareas, garantizándole un ambiente saludable, libre de violencia y acoso, debiendo otorgarle tareas efectivas de la jerarquía y en la categoría de Delegada/Encargada que ocupaba antes del desplazamiento efectuado y dándole los recursos, espacios y herramientas tecnológicas para cumplirlas, en esta ciudad.

El IOSPER, deberá rever retroactivamente los descuentos de adicionales ordenados sobre los haberes de la denunciante, debiendo informar a autos en el plazo de diez (10) días si adoptará alguna medida para proceder a la liquidación de tales adicionales, vencido el cual quedará expedita la vía para que la denunciante ocurra por la vía pertinente ante el fuero competente, además y en virtud de las sugerencias efectuadas por el Equipo Interdisciplinario de este Poder Judicial -jurisdicción Paraná- a adoptar y hacer respetar las reglas mínimas de comportamiento que impliquen referencias concretas de trato respetuoso y digno en el ambiente de trabajo, debiendo proyectar o delinear un protocolo de actuación para la prevención y atención de la violencia laboral que además garantice a la Sra. A.M. el cese del hostigamiento y un clima de trabajo adecuado para la reincorporación que se dispone, debiendo informar a autos sobre el cumplimiento de tal sugerencia a través del área respectiva (Área de Salud y Bienestar) en el plazo de diez (10) días.

Ordenaron a los denunciados G.C.I., S.M.C, F.M., J.M. y F.I.C., a su exclusivo cargo y costo, reciban capacitación en materia de violencia en el ámbito laboral y prácticas discriminatorias fundadas en razón del género y otros motivos discriminatorios, conforme las previsiones de la Ley 27499, “Ley Micaela”, a la que ha adherido la Provincia de Entre Ríos mediante Ley 10768, debiendo informar en autos, en el plazo de veinte (20) días de notificado, la institución o profesional que impartirá la capacitación ordenada, acreditándose su cumplimiento efectivo en fecha posterior a la de esta sentencia y sin perjuicio de las capacitaciones que hubieren recibido en virtud de la falta de adecuación de sus conductas, bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias cuyo monto se determinará en su caso ponderando la gravedad del incumplimiento.

Solicitaron además al equipo interdisciplinario actuante en autos que en el plazo de treinta (30) días, realice un relevamiento de la situación laboral de la Sra. A.M. en el contexto de la causa, informando todo dato de interés, y vinculándolo al informe inicial de riesgo.

Se impondrán las costas personalmente a los accionados vencidos (art. 65 CPCC por remisión del art. 141 CPL).