La UTA, que lidera Roberto Fernández, exige una recomposición salarial para 2021 equivalente a la inflación, aunque mantiene el reclamo desde hace varios meses. A fines febrero dejó sin efecto un paro luego de aceptar el pago de 15.000 pesos en tres cuotas iguales para cerrarla paritaria del 2020.

Según el Ministerio de Transporte, los choferes tuvieron una actualización en septiembre del 30 por ciento en 2020 y se les hizo un reconocimiento del pago del salario 2019 que se pagó el año pasado.

Las negociaciones salariales de este año arrancaron en marzo, pero se estancaron ante la firme negativa de los empresarios del sector, que argumentan que no cuentan con los subsidios necesarios como para hacer frente a una mejora de los sueldos para los colectiveros de todo el país.

“Exigimos que tanto las autoridades del Ministerio de Transporte como los empresarios sepan que el conflicto salarial no se resuelve sin la sensibilidad y la justicia social que las actuales circunstancias demandan. Queremos urgentes respuestas para llevar el sustento a nuestras familias. Con eso no se juega y lo defenderemos hasta las últimas consecuencias”, manifestó Roberto Fernández.

El otro reclamo de la UTA sería aún más complejo de resolver que las paritarias: este sindicato es uno de los tantos que representa a trabajadores que fueron considerados esenciales durante la pandemia y que quedaron afuera de las prioridades del plan oficial de vacunación.

De acuerdo a los argumentos de los sindicalistas, hace muchos meses que la UTA gestionó ante el Ministerio de Transporte la aplicación de dosis para los choferes ya que trabajaron durante toda la cuarentena y sigue expuestos a los contagios por el tipo de tareas que desarrollan. Sin embargo, se quejan, hasta ahora les han pedido que esperen, sin ninguna precisión respecto de las fechas para ser inoculados.

La Asociación Bancaria también reclamó a las entidades del sector “una decisión que provea las vacunas en la actividad dado su carácter esencial, coadyuvando al esfuerzo estatal en ese cometido”.

De la misma manera, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que conduce Juan Carlos Schmid, mantiene sin respuesta desde febrero la exigencia de “la incorporación de los trabajadores del sector al plan de vacunación contra el COVID-19 que lleva adelante el Gobierno Nacional”, ya que “la totalidad de las actividades ligadas al transporte fueron declaradas esenciales y los distintos sindicatos estuvieron trabajando desde el inicio de la pandemia, como también las tareas de los recolectores de residuos, los ferroviarios, portuarios y marítimos”.

Omar Maturano, el titular de la Fraternidad, que agrupa a los conductores de trenes, manifestó la semana pasada su preocupación por los atrasos en la vacunación vinculados al personal de conducción ferroviaria como también a los gremios del transporte, al ser trabajadores esenciales.

“Comprendemos la voluntad política de los funcionarios de tener al transporte como prioridad, pero esto hoy no es una realidad. Sólo nosotros hoy tenemos el 22 por ciento de nuestra dotación de cronogramas de servicios inactivos. Tenemos un 7 por ciento del personal contagiado; un 10 por ciento por ser personal de riesgo y un 5 por ser contactos estrechos de positivos, y los números aumentan día a día”, indicó.