Tras allanamientos y detenciones, ahora una empresa de seguridad reconoció que pagó coimas a funcionarios
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La empresa de seguridad privada Securitas reconoció ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos para no perder los contratos y además para poder cobrar servicios adeudados, incluso habrían pagado para que le agilicen trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones.
Esta información aparece en el expediente que tiene a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, por ese motivo, según consta en el acta, el pedido de allanamiento se dirige en principio a la Sección Agencias de Vigilancia Privada de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, para que se proceda a secuestrar documental vinculada a la habilitación de TORNELL S.A., propiedad de Claudio Tortul y Daniel Carbonell.
Causa por evasión, lavado y facturas apócrifas. Los #Tórtul quedaron detenidos y serán indagados por Arroyo Salgado. Los allanamientos también abarcaron a #ENERSA en #Paraná https://t.co/RGpo7DOxFt
— elentrerios.com (@elentrerios) April 17, 2024
La sospecha es la posible inscripción de manera irregular de la empresa de seguridad, que en la provincia fue habilitada en menos de dos días por el gobierno del exgobernador Gustavo Bordet, cuando los trámites en situación normal demoran uno o dos años.
El avance de la causa tramirada en la provincia de Buenos Aires, puso en alerta a funcionarios y ex funcionarios de la provincia de Entre Ríos. La situación es tan grave que el director Obrero de ENERSA, Juan Carlos Pimentel, junto a Alejandro Cis y el abogado Marcelo Daniel Morales deberán comparecer ante el Tribunal de la doctora Sandra Arroyo Salgado este viernes 19 de abril, acompañados por sus abogados de confianza, a efectos de recibirles declaración indagatoria, con la posibilidad de quedar detenidos si no acatan la medida.
Cabe señalar que la investigación se inició el 2020, tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentinas en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.
“La compañía identificó distintos hechos que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta. Los eventos denunciados habrían tenido ocurrencia en la República Argentina, y en la provincia de Entre Ríos, con intervención de funcionarios públicos de distintos estratos, al menos entre los años 2016 y 2018, aunque no descartaron que aquellos hubieran acontecido incluso antes de dicho lapso”, según precisaron fuentes judiciales.
En 2019, se crea TORNELL S.A., después de desprenderse de SECURITAS, que tuvo inmediatamente la habilitación para operar en la provincia de Entre Ríos, en un trámite express tal como informó en esta nota, de este modo podrían seguir brindando el servicio de seguridad que venian realizando con SECURITAS.
Entre organismos públicos y empresas en las que la Gendarmería Nacional, por orden de la Justicia, realizó operativos figuran:
Ministerio del Interior (Renaper),
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Senasa),
Secretaría de Transporte de la Nación (AA2000),
Secretaría de Obras Públicas de la Nación (AySA),
Ministerio de Seguridad (Policía de Seguridad Aeroportuaria; Prefectura Naval; Agencia Nacional de Materiales Controlados)
Ministerio de Defensa (Contaduría General del Ejército)
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada y Registro Provincial de Armas)
Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Entre Ríos (Sección Agencias de Vigilancia Privada de la Policía de Entre Ríos)
Secretaría de Energía de la Provincia de Entre Ríos (Enersa)
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina (Petrolera del Cono Sur – Pdvsa)
Aeropuertos Argentinas 2000
El fiscal Fernando Domínguez y su equipo de trabajo colaboran en la investigación la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco.
