Cañete se desplazó del Iosper a mediados de diciembre, luego que el Gobierno provincial decidiera intervenirlo por “reiteradas irregularidades”. El gobernador Rogelio Frigerio lo dispuso por medio del decreto 3675, luego que la Comisión Fiscalizadora Permanente reflejara una grave situación financiera. El expresidente de la Obra Social venía señalando hace años la crítica situación financiera del organismo. Hablaba del déficit, los amparos judiciales, y las tensiones con prestadores de servicios de salud, sin embargo descartó situaciones de posible corrupción.

Cuando se resolvió la intervención del organismo (una medida que, según se anunció, será por seis meses y no afectará la prestación de servicios para afiliados), Frigerio colocó a un profesional del PRO de la Ciudad de Buenos Aires. Mariano Gallegos estuvo al frente de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires y fue funcionario del macrismo. Como subinterventora colocó a la médica Marina Alegre, que tiene un cargo en el Ministerio de Salud de la provincia y responde políticamente al sector de la vicegobernadora Alicia Aluani.

Ambos dieron una conferencia de prensa días atrás en la que sostuvieron que la crisis de la que se hablaba en Iosper sólo era “la punta de un iceberg”. Gallegos destacó que “las primeras auditorías dan cuenta de 43 mil millones de pesos de deuda, que equivalen a tres ingresos mensuales de deuda”, y agregó que la obra social “tiene un déficit operativo de 3 mil millones de pesos”.

Además, subrayaron sobre algunos problemas detectados entre los que se mencionaron sueldos abultados, y que el gasto para los funcionarios de la obra social ascendía a 128 millones de pesos mensuales.