Ese sistema empezó a consolidarse con Jorge Busti, se profundizó hasta niveles obscenos durante el urribarrismo y continuó bajo Gustavo Bordet bajo una capa de buenos modales, discursos moderados y supuesta normalidad institucional. Cambiaron las formas, no la lógica.

Debajo seguía funcionando lo mismo: contratos truchos, créditos truchos, subsidios truchos, beneficiarios imposibles, nombres reciclados y estructuras políticas convertidas en engranajes permanentes de una maquinaria de poder.

No era desorden administrativo. Era corrupción organizada desde el Estado.

Y en esa continuidad política, Laura Stratta aparece como uno de los símbolos más claros del sistema. No es una figura aislada ni una dirigente que llegó desde afuera. Fue parte de todo el proceso.

Fue presidenta del Instituto Becario durante el urribarrismo, fue diputada provincial en ese mismo ciclo político y luego, ya reciclada dentro del bordetismo, llegó a la vicegobernación y a la presidencia del Senado.

De urribarrista pasó a bordetista. De funcionaria a legisladora. De legisladora a vicegobernadora. Siempre dentro del mismo esquema. Siempre cerca de las estructuras de poder. Siempre en el lugar donde el sistema necesitaba una cara institucional, amable, correcta, presentable.

Por eso Stratta no es solamente un nombre dentro de esta historia. Es una síntesis. Es el ejemplo de los cuadros útiles de un sistema que sobrevive a sus propios escándalos, cambia de jefe político, cambia de discurso, pero conserva sus mecanismos de fondo.

En Victoria, su ciudad, se cansó de perder elecciones. Cada vez que compitió directamente quedó golpeada por las urnas. En la última experiencia, apenas una combinación particular de votos nulos, candidaturas débiles y una circunstancia excepcional permitió que su candidata lograra imponerse por una diferencia mínima.

Pero esa fragilidad territorial nunca le impidió seguir ascendiendo dentro del aparato provincial. Ese también es un dato político: no representaba necesariamente votos, representaba estructura.

Y esa estructura es la que hoy vuelve a quedar bajo sospecha.

Stratta estuvo en el ciclo de los contratos truchos. Estuvo en el universo político de los subsidios cuestionados, incluso aquellos que terminaron bajo la sombra de beneficiarios imposibles.

Estuvo en el Senado, donde las publicaciones recientes volvieron a señalar la continuidad de contratos sospechados, nombres reciclados y viejas prácticas que nunca terminaron de desarmarse.

Y esta misma semana volvió a aparecer otra señal grave: era la superior política inmediata del empleado señalado por manipular expedientes y arrojar lavandina sobre documentación pública para borrar rastros.

La escena de la lavandina resume toda una época.

No se trata de una metáfora. Según trascendió en la investigación y en publicaciones periodísticas, expedientes vinculados a la causa habrían sido literalmente bañados con lavandina en oficinas públicas. Litros de lavandina sobre papeles del Estado. Documentación que debía preservarse como prueba.

Archivos que podían comprometer a responsables políticos. Y una estructura que, ante el riesgo de que la verdad apareciera, habría optado por intentar borrar las huellas.

Ese es el rostro real de trucholandia.

No solo se habrían armado contratos truchos. No solo se habrían distribuido créditos truchos. No solo se habrían otorgado subsidios bajo sospecha. También se habrían intentado destruir o contaminar las pruebas.

Porque cuando el sistema se siente amenazado, no explica: limpia. No rinde cuentas: borra. No asume responsabilidades: diluye, tapa, moja papeles y espera que el tiempo haga el resto.

Y pese a la gravedad institucional de semejante conducta, quienes habrían participado de esas maniobras de entorpecimiento no aparecen afrontando consecuencias proporcionales al daño causado.

Eso también define a Entre Ríos.

Porque en esta provincia muchas veces parece más grave denunciar el sistema que haber participado de él. Más peligroso señalar la corrupción que haberse beneficiado de ella. Más costoso pedir explicaciones que haber firmado, protegido o mirado para otro lado.

Mientras tanto, esta semana avanzó la investigación conocida como “Contratos Truchos II”, una derivación que ya no apunta solamente a empleados o administrativos menores, sino a las responsabilidades políticas de un mecanismo que durante años drenó millones desde la Legislatura provincial.

Y ahí está el punto central: nadie puede creer seriamente que semejante estructura pudiera funcionar durante una década sin cobertura política.

Nadie puede creer que contratos falsos, tarjetas, prestanombres, retornos, subsidios sospechados, créditos bajo investigación, expedientes manipulados y documentación lavada con lavandina hayan sido apenas una suma de casualidades. No fue un error de carga. No fue una desprolijidad. No fue una falla administrativa.

Fue un método.

La provincia terminó acostumbrándose a convivir con lo trucho. Contratos truchos. Créditos truchos. Subsidios truchos. Beneficiarios imposibles. Gente que seguía cobrando después de los escándalos.

Funcionarios que cambiaban de despacho pero mantenían poder. Y dirigentes políticos que siempre dicen no saber nada mientras todo ocurre debajo de sus propias firmas, estructuras y oficinas.

La causa de los contratos truchos es apenas la radiografía más visible de una decadencia mucho más profunda. Lo que empezó como una investigación sobre maniobras legislativas terminó exponiendo una lógica política donde el Estado era utilizado como mecanismo de recaudación, distribución, protección y supervivencia.

Y ahí es donde Stratta se transforma en símbolo.

No solamente por su rol institucional dentro del Senado, sino porque representa a la generación política que intentó mostrarse distinta al urribarrismo mientras muchas de las estructuras heredadas seguían intactas.

El bordetismo quiso venderse como la etapa de la moderación y la normalidad. Pero cuanto más avanzan las causas judiciales, más aparece la sospecha de que no vinieron a desmontar el sistema, sino simplemente a administrarlo con mayor discreción.

La continuidad fue brutal. Busti sembró la estructura, Urribarri la llevó a la obscenidad y Bordet la sostuvo mientras alrededor crecían las denuncias, los expedientes, los contratos sospechosos y las causas judiciales.

Y ahora todo empieza a salir junto: los allanamientos a Bordet, el avance de Contratos Truchos II, las derivaciones sobre créditos y subsidios, los empleados señalados, las maniobras para borrar rastros y hasta la imagen grotesca de expedientes lavados con lavandina.

Esa escena resume mejor que cualquier discurso la decadencia entrerriana: no alcanzaba con robar o encubrir, también había que limpiar la mugre con químicos para que la prueba no hablara.

Ahí aparece Stratta como símbolo. No como un accidente, sino como parte de esa continuidad. La cara amable de un sistema que se decía sensible, social y progresista, mientras alrededor se multiplicaban las cajas, los contratos, los acomodos y las protecciones.

Por eso los allanamientos a Gustavo Bordet tienen una potencia política enorme. No son un episodio aislado ni una simple noticia policial. Son el derrumbe definitivo del relato del “peronismo prolijo”. La imagen de un ciclo político que durante años intentó diferenciarse del escándalo anterior y hoy termina alcanzado por las mismas sombras.

Urribarri quedó marcado por la corrupción obscena: las imprentas, las palmeras, los negocios incompatibles y el despilfarro. Bordet construyó otro perfil, pero las estructuras siguieron respirando debajo del Estado provincial. Y Stratta, que había estado antes con Urribarri y después con Bordet, terminó representando esa continuidad con precisión quirúrgica.

La diferencia fue estética, no moral.

El problema de Entre Ríos no fue un funcionario. Fue un sistema.

Un sistema que empezó con Busti, se profundizó con Urribarri y continuó con Bordet. Un sistema donde la política convirtió al Estado en maquinaria electoral, estructura de favores y mecanismo de supervivencia. Un sistema que recicló nombres, protegió operadores, sostuvo cajas y convirtió la impunidad en cultura de gobierno.

Por eso trucholandia no es solamente una frase provocadora. Es una descripción política de la decadencia entrerriana.

Y los allanamientos a Bordet son, quizás, la imagen más contundente de ese final. Porque muestran que lo que durante años se quiso vender como orden era apenas continuidad maquillada.

Que lo que se presentaba como moderación era administración del mismo aparato. Y que lo que muchos llamaban gobernabilidad no era otra cosa que silencio alrededor de un Estado capturado por lo trucho.

Stratta queda en el centro de esa postal porque representa a la perfección esa dirigencia que siempre estuvo, siempre acompañó, siempre ocupó cargos centrales y siempre encontró la forma de seguir parada cuando el sistema crujía.

Pero Entre Ríos ya no puede fingir sorpresa.

Cada expediente que aparece, cada contrato que se revisa, cada crédito sospechado, cada subsidio bajo la lupa, cada empleado señalado, cada litro de lavandina sobre papeles públicos y cada allanamiento confirma lo mismo: no fue desorden, no fue casualidad, no fue negligencia.

Fue método.

Fue sistema.

Fue trucholandia.