Mientras que los fiscales solicitaron una caución real o prisión preventiva y que se prohíba salir del país al ex gobernador Urribarri y su cuñado Aguilera.

Cabe recordar que Urribarri fue condenado a 8 años de prisión en el marco del megajuicio por corrupción. Se lo consideró responsable de delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la administración pública y peculado.

El ex gobernador fue juzgado entre 2021 y 2022 junto a otros funcionarios y particulares vinculados a contrataciones del Estado provincial durante sus gestiones de gobierno. Entre los condenados de mayor jerarquía por el cargo y rol que desempeñaron estuvo el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.

Los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, llevaron adelante la acusación en el debate oral que se llevó a cabo durante varios meses. En el inicio del juicio también estuvo la ex procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, que fue posteriormente apartada por orden del Jurado de Enjuiciamiento. Lo que sucedió es que, poco antes del inicio del megajuicio, Goyeneche fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento por su desempeño en otra causa por corrupción, los “contratos truchos”. En algunos ámbitos judiciales y políticos siempre se entendió esa denuncia y apartamiento como una especie de “vendetta” por la conducción de las investigaciones.

Los representantes de la acusación pública ventilaron en el megajuicio cinco causas acumuladas por corrupción durante las gestiones de Urribarri:

· Una contratación del Estado provincial a varios medios nacionales para publicar un posicionamiento político contra los fondos buitres, con dinero público.

· Las contrataciones constantes de servicios publicitarios y de cartelería a empresas armadas por Juan Pablo Aguilera.

· La instalación de un parador playero en Mar del Plata con dinero público que tuvo como finalidad la promoción de la candidatura a Presidente del ex gobernador.

· La contratación de espacios publicitarios en medios nacionales para la difusión de la imagen de Urribarri, en el marco de su campaña presidencial.

· La contratación de carteles en rutas de Buenos Aires también para la difusión de la imagen del ex gobernador.

El Tribunal de Juicio y Apelaciones que controló la legalidad de la investigación y el debate, estuvo conformado por José María Chemez (jubilado), Elvio Garzón y Carolina Castagno.

Mientras se desarrolló el debate, Urribarri se desempeñaba como canciller del gobierno argentino en Chipre e Israel. El ex gobernador tuvo renunciar a su cargo diplomático tras la condena, el 7 de abril de 2022. Su apartamiento de los cargos se dio en medio de una polémica, ya que se mostró reacio a dejar las embajadas. Sin embargo, en ese momento el ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, Santiago Cafiero, le exigió la renuncia inmediata por estar condenado en primera instancia por delitos de corrupción.

En la misma condena se sentenció al exministro de Cultura Pedro Báez y al cuñado del ex gobernador Juan Pablo Aguilera. Ambos recibieron una pena de 6 años y medio de prisión más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al igual que Urribarri.

La sentencia fue apelada por los defensores y dichos recursos se discutieron en el marco de seis audiencias de Casación a cargo del Tribunal compuesto por Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo. Tras escuchar a los abogados defensores y al Ministerio Público Fiscal, las integrantes de la Cámara confirmaron las condenas de primera instancia.

De las 13 imputaciones en el megajuicio por corrupción, cuatro personas resultaron absueltas: el exministro de Turismo, Hugo Marsó; el contador y empleado del Gobierno provincial, Gustavo Tórtul; el diseñador gráfico Maximiliano Sena y Alejandro Almada. Además, se absolvió a Hugo Céspedes, que falleció después de iniciado el debate. A pesar de la extinción de la acción penal por su muerte, el tribunal consideró justo absolverlo de culpa y cargo y decidió que el proceso no afecta su buen nombre y honor. Tal como valoraron en las otras absoluciones, los jueces sostuvieron que no hallaron elementos que sostengan las imputaciones pedidas por los fiscales.

El adelanto de sentencia, una lectura que llevó desde las 8.30 de un jueves hasta pasadas las 21, también dispuso la expropiación de las instalaciones de calle Racedo 415 de Paraná, donde funcionaba la imprenta y toda la estructura logística de las empresas de Aguilera. El tribunal consideró acreditada la titularidad de Aguilera sobre ese comercio que se montó en base a un mecanismo de corrupción.

El juez Chemez señaló que el galpón fue adquirido con un crédito bancario subsidiado por el Estado y el negocio se desarrolló con dineros públicos que se desvió en las dos gestiones de Urribarri como gobernador.